El Govern balear rechaza la regularización de inmigrantes y pide retirar el decreto
En el caso de Baleares, esta regularización beneficiaría a 10.800 personas, y a 500.000 en todo el país
cronicabalear.es | Mallorca, 20 de Febrero de 2026 | 13:27h
El Govern balear ha presentado alegaciones en contra del decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular aprobado por el Ejecutivo central y ha solicitado su retirada inmediata por considerarlo inadecuado y carente de garantías jurídicas, institucionales y presupuestarias.
En rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha criticado la “falta de coordinación” del Gobierno con las comunidades autónomas, que son las que deberán atender a estas personas.
El Govern balear rechaza la regularización de inmigrantes "masiva y sin consenso"
La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas,...
En el caso de Baleares, esta regularización beneficiaría a 10.800 personas, y a 500.000 en todo el país.
En el escrito remitido al Ejecutivo central, el Govern expresa su rechazo a la tramitación urgente de la norma al entender que no concurren circunstancias sobrevenidas que justifiquen la reducción de trámites y garantías, dado que la iniciativa era conocida desde hace tiempo.
A juicio de Costa, una medida de esta trascendencia debería haber permitido la participación institucional de las comunidades autónomas y una planificación territorial y presupuestaria suficiente.
Además, el Ejecutivo advierte de la ausencia de datos fiables sobre el número de personas que podrían beneficiarse de la regularización y de la falta de una previsión territorial que permita evaluar su impacto.
El elevado número de personas en situación irregular responde, ha señalado Costa, a un sistema migratorio que ha dificultado las vías legales de entrada y la regularización ordinaria, por lo que considera que la solución pasa por reformar estos mecanismos y no por una regularización masiva que, a su juicio, podría generar un efecto llamada o desplazamientos hacia España.
Las alegaciones también aluden a deficiencias en el sistema de comprobación de antecedentes penales y policiales, en los mecanismos de verificación documental y en la ausencia de una evaluación individualizada de los solicitantes, así como a la falta de obligaciones efectivas de integración vinculadas al empleo, la formación o el aprendizaje lingüístico.
Según el Govern, estas carencias podrían derivar en situaciones de exclusión social, dependencia de prestaciones públicas y riesgos en materia de seguridad jurídica y seguridad ciudadana.
Por todo ello, el Ejecutivo solicita la retirada del proyecto y defiende un modelo migratorio basado en vías legales “ordenadas, criterios objetivos y verificables”, coordinación entre administraciones y respeto al marco europeo, con el objetivo de garantizar una gestión responsable y sostenible de la inmigración.
