Guardias civiles exigen certificados oficiales de antecedentes en la regularización de inmigrantes
"Supone una puerta abierta para incorporar a la sociedad española a individuos que podrían haber cometido delitos muy graves en otros países"
EFE | Mallorca, 10 de Febrero de 2026 | 15:54h
Varias asociaciones de guardias civiles han pedido la supresión del decreto de regularización de inmigrantes de la cláusula que permite a los solicitantes presentar una declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales si su país de origen no ha remitido un certificado oficial en el plazo de un mes.
Jucil, la Unión de Oficiales, AUGC, AEGS, ASES-GC y la Asociación de Cabos han remitido una solicitud formal al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que se oponga a la modificación del Reglamento de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros.
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Según ha informado Jucil en un comunicado, estas asociaciones denuncian la incorporación de un apartado que permitiría a los inmigrantes eludir la presentación de certificados oficiales de antecedentes penales.
Recuerdan que el proyecto de Real Decreto contempla que si tras solicitar el certificado de antecedentes a su país de origen no se recibe respuesta en un mes, el solicitante podrá presentar una declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales.
Para las asociaciones, este mecanismo "debe suprimirse del texto final, ya que supone admitir la regularización de personas sin ofrecer garantías reales sobre su pasado delictivo".
Advierten además de que esa medida "deja sin efecto la garantía para la seguridad de la ciudadanía y genera un riesgo para los agentes de la autoridad", además de ser "una puerta abierta para incorporar a la sociedad española a individuos que podrían haber cometido delitos muy graves en otros países".
De este modo, en el documento remitido a Grande-Marlaska las asociaciones le solicitan formalmente, como máximo responsable de la seguridad, que se oponga a la inclusión de ese apartado.
Las asociaciones, según el comunicado, reiteran que no se debe regularizar a ningún inmigrante que no acredite oficialmente, y no mediante una simple firma personal, la carencia de antecedentes penales en sus países de residencia anteriores.
