Tachan de "inaceptable" que el Govern "rebaje" los requisitos del catalán por la "supuesta dificultad" para cubrir puestos

CCOO ha expresado su "rotunda oposición" a la intención del Govern de retirar el requisito del catalán para determinadas plazas de funcionario, algo que ha calificado de "inaceptable" por el hecho de que se use una "supuesta dificultad" para cubrirlos como "excusa" para "rebajar" derechos lingüísticos.

En una nota de prensa, CCOO ha apuntado que esta iniciativa supone un "ataque frontal e injustificado" a la lengua propia, que además ha aseverado que se pretende llevar a cabo "sin ningún tipo de información previa, ni proceso de diálogo con las organizaciones sindicales". "Es la primera noticia que CCOO tiene al respeto, cosa que evidencia una vez más la falta de voluntad de consenso y de respeto a los espacios de negociación colectiva", han alegado.

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CCOO ha acusado al Govern de "desmantelar requisitos" que garantizan una administración pública "próxima, accesible y plenamente capacitada" para atender la ciudadanía en su lengua. "Resulta especialmente grave que se plantee esta vía cuando hay múltiples alternativas reales y eficaces para abordar el problema de la cobertura de estos puestos sin atacar la lengua", han mantenido.

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En ese sentido, han citado la implantación o mejora del complemento de difícil cobertura, la adecuación de las retribuciones para que resulten competitivas ante otros sectores de la administración pública o del sector privado o la eliminación de requisitos "absurdos o desproporcionados" que actualmente "bloquean el acceso a muchos de estos puestos y que nada tienen que ver con la capacitación real para ejercer el trabajo". Para CCOO, el problema "no es la lengua", sino "la falta de una política seria" de recursos humanos, de planificación y de condiciones laborales "atractivas". "Culpar al catalán de los déficits estructurales de la Administración es una estrategia irresponsable y claramente ideológica", han rematado.

Por estos motivos, la central sindical ha exigido retirar "inmediatamente" esta propuesta y abrir un proceso de diálogo "real" con las organizaciones sindicales para "buscar soluciones consensuadas" que garanticen tanto la cobertura de los puestos de trabajo, como el respeto a los derechos lingüísticos y laborales. "La lengua no es el problema. El problema es la precarización, el acceso a la vivienda en las islas, la expectativa de un proyecto de vida digna y la falta de voluntad política para resolverla", han alegado.