El Govern se persona como acusación popular en dos casos de violencia machista en Mallorca

Uno contempla la muerte violenta de una mujer en Palma y el otro un delito de lesiones graves en Costitx

Maria A. Mesquida | Mallorca, 30 de Enero de 2026 | 14:13h

El Consell de Govern ha autorizado que la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares comparezca como acusación popular en dos procedimientos penales abiertos por casos de violencia machista, ocurridos en Costitx y en Palma.

En el primer caso, los hechos se remontan a finales de 2025 y llegaron al conocimiento del Instituto Balear de la Mujer el pasado 14 de enero. Un hombre habría causado lesiones graves a su expareja. Tras analizar las circunstancias, el organismo concluyó que este suceso podría constituir un delito de violencia machista con resultado de lesiones graves. 

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El segundo procedimiento tiene como objeto la muerte violenta de una mujer en Palma, que está siendo investigada como presunto caso de violencia machista. La víctima falleció el 3 de febrero de 2025 como consecuencia de las lesiones que presuntamente causadas por su expareja, según ha indicado el Instituto Balear de la Mujer. 

Ambos casos son compatibles con los supuestos previstos en el artículo 72 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, que establece la obligación de la Administración autonómica de comparecer en los procedimientos judiciales por violencia machista ocurridos en Baleares cuando se cause la muerte o lesiones graves a la víctima. 

En estas circunstancias, la intervención del Govern deja de ser una facultad discrecional y pasa a ser una obligación jurídica.  En consecuencia, la Abogacía de la Comunidad Autónoma ejercerá la acusación popular con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos, a la defensa de los derechos de las víctimas y a la protección del interés público. 

De esta forma, el Govern pretende reafirmar su implicación activa en la persecución penal de la violencia machista, su compromiso institucional en la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres y su voluntad de colaborar con la Administración de justicia, reforzando la coordinación entre los servicios públicos y el ámbito judicial para garantizar una respuesta contundente ante este tipo de delitos.

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