Veinte años del pacto secreto Mas-Zapatero

El sábado 21 de enero de 2006 amaneció sin agenda pública para el líder de CiU, Artur Mas, que se subió al coche y puso rumbo a Madrid para celebrar un encuentro secreto con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para pactar el nuevo Estatut, un acuerdo que acabó quebrando el tripartito presidido por Pasqual Maragall.

Todas las miradas iban dirigidas esa mañana a la reunión del Comité Federal del PSOE, que debía analizar una última propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña que los socialistas presentarían a las fuerzas del gobierno tripartito catalán -PSC, ERC e ICV-EUiA- y a CiU, principal grupo de la oposición en Cataluña.

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Habían transcurrido más de tres meses desde la aprobación del proyecto de Estatut en el Parlamento de Cataluña, el 30 de septiembre de 2005, un texto que había contado con el aval de PSC, ERC, ICV-EUiA y CiU, pero que en su tramitación en el Congreso fue enmendado por el PSOE, unos recortes que generaron tensión entre socialistas y nacionalistas durante el mes de enero. Entre los flecos más conflictivos figuraban la definición de Cataluña como nación y un nuevo sistema de financiación.

DESDE LAS CINCO DE LA TARDE HASTA MEDIANOCHE EN MONCLOA

Aquel 21 de enero, para no levantar suspicacias dejándose ver en un avión hacia Madrid, Mas viajó en coche -acompañado por su esposa, Helena Rakosnik- y a las cinco de la tarde fue recibido por Zapatero en la Moncloa. Durante las siete horas que duró la reunión -en la que aguantaron sin probar bocado, aunque sí bebieron litros de agua y alguna taza de café que sólo tomó el presidente del Gobierno, pues el líder de CiU tenía proscrita la cafeína por problemas de tensión-, Mas llamó a David Madí y Quico Homs, dos de sus más estrechos colaboradores, para consultarles varios aspectos de la negociación.

Alrededor de la medianoche, para estupefacción general, incluso de dirigentes socialistas y de CiU que desconocían aquel encuentro, un teletipo de la Agencia EFE anunció el pacto entre Mas y Zapatero. El acuerdo resolvía el escollo de la definición de Cataluña como nación -que en lugar de figurar en el articulado aparecía en el preámbulo del nuevo Estatut, sin fuerza jurídica- y perfilaba un nuevo modelo de financiación que, según estimó Quico Homs días después, aportaría 5.128 millones de euros más a Cataluña.

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TERREMOTO EN EL TRIPARTITO Y EN CIU

Tan secreta había sido la cita que Mas ni tan siquiera informó previamente al líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, que ese día se encontraba en Vielha y que montó en cólera cuando se enteró del encuentro a última hora de la noche, lo que estuvo a punto de hacer saltar por los aires la relación con sus socios de Convergència.

Las consecuencias aún fueron más graves para el gobierno catalán: sectores del PSC consideraron aquel pacto como un menosprecio hacia el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall. Presionada por sus bases, la dirección de ERC -liderada por Josep Lluís Carod-Rovira- acabó decantándose por el 'no' en el referéndum sobre un Estatut "rebajado", lo que llevó a Maragall a destituir a los consellers republicanos y convocar elecciones anticipadas para ese otoño.

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REFERÉNDUM: AMPLIO TRIUNFO DEL SÍ, BAJA PARTICIPACIÓN

El 30 de marzo de 2006, el Congreso aprobó la reforma estatutaria con 189 votos a favor (PSOE, CiU, PNV, IU-ICV, CC-NC y BNG), 154 en contra (PP, ERC y EA) y dos abstenciones, lo que llevó al socialista Alfonso Guerra a celebrar que la comisión constitucional, presidida por él, hubiese pasado el "cepillo" sobre el Estatut. Con ERC y PP haciendo campaña en contra por razones opuestas, el Estatut fue aprobado el 18 de junio en un referéndum en Cataluña, con cerca del 74% de votos a favor, 20% en contra y una participación inferior al 50% del electorado.

Sin embargo, cuatro años más tarde, en junio de 2010, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia que acabó recortando cuestiones troncales del Estatut, como el concepto "nación", la preferencia de la lengua catalana, un Poder Judicial propio o competencias fiscales. El fallo del TC provocó la indignación de toda la clase política catalana, salvo del PP y Ciutadans, sobre todo por el hecho de que las rebajas venían dictadas por un Tribunal Constitucional con varios magistrados con su mandato ya caducado.