La apropiación de vidas reales: del caso Almendralejo al 'true crime' del niño Gabriel

La reforma del derecho al honor y a la intimidad personal del Gobierno llega tras una sucesión de casos recientes y reconocibles, que evidencian el gran daño que puede provocar el uso sin consentimiento de imágenes o de relatos reales, especialmente cuando hay menores implicados, bajo el amparo de la supuesta creatividad o libertad de expresión.

El punto de inflexión en España se produjo en 2023, en Almendralejo (Badajoz), aunque las imágenes manipuladas de menores ya salpicaban las redes desde hace tiempo. Un grupo de adolescentes difundió imágenes falsas de compañeras de clase desnudas creadas mediante inteligencia artificial a partir de fotografías reales.

El Gobierno refuerza el derecho al honor frente a los ‘deepfakes’ y regula los ‘true crimes’

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Las menores nunca habían posado así, pero sus rostros aparecieron superpuestos en cuerpos generados por IA que circularon por las redes y aplicaciones de mensajería. El impacto fue inmediato, y no solo en el ámbito digital, porque afectó directamente a su vida personal, a la de sus familias y a la del centro escolar.

Ese caso situó por vez primera a los ‘deepfakes’ o ‘ultrafalsos’ —imágenes generadas con IA para suplantar la identidad de alguien con distintos fines— en el centro del debate público por ser una práctica accesible, difícil de frenar y con consecuencias reales para las personas que hay detrás de esas imágenes.

Pero también evidenció las limitaciones legales para retirar con rapidez esos contenidos que se multiplican, mientras las víctimas buscan protección.

Desde entonces, el uso de imágenes manipuladas se ha extendido a otros ámbitos, como la política. En las últimas campañas electorales o tras algún acontecimiento de gran repercusión han circulado vídeos y contenidos alterados con la imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o de líderes de partidos que se han viralizado en las redes y WhatsApp con el fin del descrédito y de dañar su reputación.

Cuando la creatividad deja de serlo: el caso de Gabriel

Pero la preocupación no se limita solo a la inteligencia artificial, porque al auge de los ‘true crimes’ (obras de creación que exploran hechos criminales verdaderos) le acompaña un debate similar sobre los límites entre la creación de contenidos y el respeto a las víctimas.

A este debate contribuyó en gran medida el intento de llevar a la televisión el asesinato del menor Gabriel Cruz, conocido como ‘El Pescaíto’, un proyecto en el que se quería contar con la participación de la presunta asesina y al que se opuso con uñas y dientes Patricia, la madre del menor.

La familia no quiso que el caso se convirtiera en un producto audiovisual sin su consentimiento, y alertó del impacto que este tipo de sucesos pueden tener sobre quienes siguen conviviendo con el dolor años y años tras los hechos.

El debate se ha seguido alimentando tras el libro escrito por José Bretón, el padre condenado por asesinar a sus hijos en una finca de Córdoba, que intentó frenar su exmujer Ruth Ortiz.

‘El odio’ no salió adelante tras la reacción social, pero el caso no dejó a nadie indiferente al lanzar esta pregunta: ¿puede alguien que ha cometido un delito reconstruir su historia con fines editoriales cuando hay víctimas menores que no pueden defender su intimidad?

Son casos claros de ‘deepfakes’ y de algunos planteamientos de ‘true crime’ que sobrepasan el derecho al honor y a la intimidad; unos fenómenos en los que hay rasgos comunes, ya que no inventan personajes, sino que utilizan rostros, nombres e historias reales para construir contenidos con distintos fines.

Su objetivo es tanto la mofa, como el desprestigio de una persona, la estafa, el beneficio económico, la generación de audiencia o la proyección personal.

Hasta el momento, la respuesta legal a esta apropiación de la vida real es fragmentaria porque en España no hay una regulación específica sobre el uso de imágenes o voces manipuladas con inteligencia artificial, y las víctimas tienen que recurrir a distintos tipos delictivos que no son los propios en sí.

De ahí que la reforma anunciada por el Gobierno busque cerrar ese vacío legal y que con ella se declare ilegítimo el uso y difusión de imágenes o voces creadas o manipuladas con IA sin consentimiento. Asimismo, trata de reforzar la protección de los menores y que se regulen los ‘true crimes’, cuando con ellos la persona que causa el daño, el sufrimiento o la muerte obtiene un beneficio económico o una proyección personal.