Denuncian que la vivienda es hoy el principal factor de exclusión en Baleares

Cáritas ha reclamado este miércoles políticas ambiciosas para ampliar el parque público de viviendas y frenar las subidas "abusivas" de precios, después de que la vivienda se haya convertido en un "derecho fake".

Lo han explicado este miércoles en Palma el secretario general Cáritas Diocesana de Menorca, Guillem Ferrer, y el sociólogo de la Fundación Foessa Thomás Ubrich, en la presentación del IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en Baleares.

Entre las principales conclusiones, el informe sitúa la vivienda en el centro de la exclusión social. Así, el 29% de la población sufre exclusión residencial, después de que entre 2018 y 2024 el precio de la vivienda haya aumentado un 41%, con subidas muy superiores en obra nueva.

El alquiler medio se sitúa ya en 1.598 euros al mes, un 31% más que en 2019, y más del 60% de los inquilinos destina más del 30% de sus ingresos a cubrir los gastos de vivienda.

El alquiler en Baleares sube 135 euros al mes en un año y casi 600 en cinco

El precio del alquiler en Baleares ha subido de media 135 euros al mes en el último año y cerca de 600 euros (592) en...

Como consecuencia, han alertado, 46.000 hogares caen por debajo de la pobreza severa después de pagar el alquiler y los suministros.

110.000 PERSONAS RESIDEN EN VIVIENDAS INSEGURAS

Además, 110.000 personas residen en vivienda inseguras y 100.000 lo hacen en viviendas inadecuadas o con problemas de insalubridad o hacinamiento, con Ibiza como una de las zonas más tensionadas.

El informe señala que la vivienda es hoy el gran cuello de botella de la integración social y reclama políticas ambiciosas para ampliar el parque público y frenas incrementos de precios abusivos.

"La vivienda expulsa del territorio y de una vida digna", ha advertido Ubrich, que ha subrayado en su intervención que "no fallan las personas, sino el sistema". Según el sociólogo, la mayoría de los hogares en exclusión activa estrategias para salir de esta situación, pero se encuentran con barreras estructurales y dispositivos fragmentados.

RENTA SOCIAL GARANTIZADA E IMV

El informe Foessa, según ha explicado Ubrich, constata también un grave déficit en el sistema de garantía de ingresos. El Ingreso Mínimo Vital (IMV), ha advertido, solo llega al 35% de las personas en pobreza severa en Baleares, mientras que al 66% de los hogares en esta situación nunca ha llegado información sobre la prestación.

La Renta Social Garantizada (Resoga), por su parte, ha sufrido un "drástico retroceso", pasando de cubrir al 1% de la población en 2018 a sólo el 0,44% en 2024. Esta combinación, ha añadido, genera un "agujero informativo y administrativo" que deja sin protección a miles de hogares en situación de fragilidad.

En este sentido, Ubrich ha abogado por que los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) puedan percibir también la Renta Social Garantizada (Resoga). "Permitiría cubrir en mayor medida los gastos de las familias. Con el IMV no se cubren las necesidades", ha indicado.

El sociólogo ha criticado los trámites "tediosos" y el hecho de que muchas personas no tengan el acompañamiento, lo que deja fuera a personas en situación de vulnerabilidad porque los criterios son "restrictivos".

El IX Informe Foessa concluye que el uso de los servicios sociales continúa disminuyendo. Así, solo el 7% de la población acudió en 2024, frente al 13% de la media estatal. Incluso entre quienes más lo necesitan, la tasa es inferior a la española.

MÁS DE 233.000 PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

El Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en las Islas presentado este miércoles revela que el 19% de la población de Baleares, más de 233.000 personas, viven una situación de exclusión social, un porcentaje que apenas ha mejorado desde 2018.

Aunque la exclusión severa se ha reducido un 13%, un total de 94.000 personas continúan atrapadas en lo que Ferrer y Ubrich han calificado como situaciones extremas.

El documento subraya que, pese a los avances económicos, la recuperación no se traduce en bienestar social, afectada por el aumento de la precariedad residencial, el debilitamiento de la participación social y el mantenimiento de amplias zonas de vulnerabilidad.

TENER UN TRABAJO NO ES SUFICIENTE

El informe señala que Baleares ha creado empleo en los últimos años, pasando de 560.000 a 607.000 personas ocupadas desde 2018, aunque sin incidencia en la mejora de la integración social. Los salarios han subido un 20% en términos nominales, pero solo un 3,3% en términos reales, debido al aumento del coste de la vida.

La exclusión entre personas ocupadas ha crecido con fuerza, pasando de una de cada diez a casi una de cada siete.

Esto confirma, a juicio de Cáritas, que la precariedad laboral y los salarios insuficientes impiden que el empleo actúe como vía de salida de la exclusión, especialmente en sectores de servicios, con alta parcialidad involuntaria y contratos inestables.

"Baleares crea empleo, pero no reduce la exclusión social", es la paradoja a la que ha hecho referencia el sociólogo de Foessa.

Por otra parte, el informe detecta brechas que agravan la desigualdad. Las personas de nacionalidad extranjera presentan tasas de exclusión del 31%, más del doble que la población española.

Los menores y jóvenes también figuran entre los grupos más vulnerables, ya que el 24% de los menores de 18 años y el 26% de las personas entre 18 y 44 años viven en exclusión.

Los hogares con menores representan dos tercios de la población excluida en las Islas. Además, la discriminación afecta a uno de cada cinco hogares, y casi uno de cada dos entre aquellos en exclusión; el 88% afirma haber perdido oportunidades laborales o relacionales a causa de ello.

LOS CUIDADOS EN EL CENTRO

Thomás Ubrich ha concluido alertando de que el modelo social actual "está agotado". A su juicio, "produce desigualdad, precariedad, aislamiento y una creciente desconfianza social".

Ante este escenario, Foessa reclama un nuevo pacto social basado en el cuidado, la justicia social y la sostenibilidad ecológica, al tiempo que propone políticas que actúen sobre las raíces de la desigualdad, con especial atención a la vivienda, el empleo digno, la protección social, la integración de la población migrante y el fortalecimiento del tejido comunitario.

"Baleares puede seguir avanzando hacia una sociedad más desigual y fragmentada o apostar por un nuevo modelo que coloque la vida, los cuidados y el bien común en el centro de la acción pública", ha concluido.