Costa afirma que Baleares puede asumir déficit "si llega la crisis"

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda de Innovación, Antoni Costa, ha asegurado que Baleares está en disposición de incurrir en un "cierto grado de déficit" presupuestario, de producirse una crisis económica.

Así lo ha afirmado este martes durante su intervención en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlament, para explicar los aspectos generales de la Cuenta General de la CAIB de 2024, en la que se le ha consultado por la diferencia el hecho de que haya unos gastos crecientes asentados pero no pueda suceder lo mismo con los ingresos.

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El representante del Ejecutivo ha reconocido que la administración autonómica tiene un gasto estructural que se "consolida" pero ha considerado que la evolución de los ingresos "lo permiten".

Aquí ha puesto el ejemplo del impuesto de transmisiones patrimoniales, que hasta noviembre de 2025 se ha recaudado 644 millones de euros --75 millones más que el ejercicio pasado--, cifra que ha calificado de "elevadas" y ha reconocido el mayor carácter coyuntural, en comparación con otros impuestos como el IVA o el IRPF.

De este modo, ha recalcado que "no se prevé un 'crack'" inmobiliario que haga descender esta vía de ingresos y ha manifestado que "no sabe si los ingresos crecerán" pero sí ha destacado que, a su juicio, la evolución del gasto es "sostenible".

Para justificar estas afirmaciones, Costa ha ofrecido algunos datos presupuestarios como que el año 2024 se cerró con un superávit provisional de 114 millones de euros, lo que supone un 0,26 millones de euros del PIB de Baleares y el quinto año consecutivo que se cierra el ejercicio presupuestario con saldo positivo.

A lo largo de su intervención, también ha detallado que en 2024 Baleares ingresó 7.032 millones de euros --un 95,5% de lo previsto--, pero la recaudación por los impuestos indirectos superaron los pronósticos más de un 10%.

En cuanto al nivel de ejecución presupuestaria, Baleares reconoció la unas obligaciones crediticias por valor de 7.129 millones de euros --esto es un 97,5% de lo aprovisionado, mientras que por lo que se refiere al endeudamiento vivo de la CAIB, 2024 se cerró en 8.137 millones de euros de deuda --83 millones menos de lo esperado--.

"ALTO" NIVEL DE EJECUCIÓN CON PEROS

En el turno de intervención de los grupos de la oposición, el diputado del PSIB Llorenç Pou le ha reconocido un nivel de ejecución "alto", aunque ha puesto algunos matices como es el caso de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía --antes también con competencias en Trabajo--, que no llegaba a la mitad de los 242 millones de euros presupuestados. Al mismo tiempo, ha mencionado los casos de Vivienda o Salud que se dejaron 60 y 80 millones de euros de inversiones por ejecutar.

Asimismo, le ha resaltado la inercia que sigue el aumento del gasto con 150 millones de euros comprometidos para incremento de personal, mientras que la apuesta del Govern son las bajadas de impuestos.

La diputada de Vox Patricia de las Heras ha recriminado a Pou que se preocupe más por las rebajas de impuestos que por los gastos que ha tenido que afrontar el Govern por diversas sentencias judiciales dictaminadas en su contra.

Desde MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia le ha pedido hacer una reflexión sobre las dificultades normativas que se encuentran las administraciones en los distintos niveles para la ejecución de sus presupuestos, ya que, en su opinión, están diseñadas para "dificultarla" pese a tener disponibilidad de tesorería.

El diputado de Més per Menorca Josep Castells ha hecho incidencia en los informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que alertan de una "desviación" del gasto de la comunidad autónoma y los planes presupuestarios diseñados a medio plazo.

En ellos se indican algunas de las "debilidades" presupuestarias como es que los ingresos finalistas dejen de ser recurrentes, como es el caso de los fondos Next Generation. Por eso, ha advertido de una tendencia consolidada de gasto "al alza" mientras que hay ingresos que "pueden desaparecer".

Por eso, el diputado ha remarcado estos posibles "desajustes presupuestarios" por el "impacto importante" que puedan tener las inversiones crecientes en políticas sanitarias o educativas para este 2026.

En el turno de respuesta, Costa ha reconocido "dificultades" para ejecutar algunas inversiones de algunos apartados del presupuesto pero ha puntualizado que hay partidas que provienen de ejercicios pasados que no se computan en el presupuesto de este mismo 2024 pero otras que se ejecutarán en años venideros con cargo a este presupuesto.

Esto lo ha ejemplificado en el caso de la Facultad de Ciencias de la Universitat de les Illes Balears (UIB) con un coste de 13 millones de euros, provenientes del impuesto de turismo sostenible de 2023 pero que no se ha empezado a dotar hasta que se ha tenido la garantía de contar con todo el montante.

Por eso, ha alegado que el Govern ha emprendido una "cruzada" contra la burocratización de las inversiones con el decreto de Proyectos Estratégicos que tendrá que ser convalidado próximamente en el Parlament y que pretende "agilizarlas".

Al mismo tiempo, ha detallado los efectos de las rebajas fiscales del Govern en distintos apartados, como el impuesto de sucesión y donaciones, que hasta noviembre de 2025 se ha recaudado de 73,4 millones de euros --9,2 millones menos que hace un año--, en patrimonio 50,7 millones --44,8 millones menos-- y en impuesto de transmisiones patrimoniales 644 millones --75 millones más--, por lo que ha destacado que "se compensa".

El conseller ha insinuado los problemas que tienen las comunidades para calcular los ingresos por el sistema autonómico de financiación por la inestabilidad del Gobierno en el Congreso de los Diputados, por lo que se guía por un principio de "prudencia".

En cuanto a los informes de la Airef, ha destacado el trabajo del organismo pero ha matizado que a Baleares no ha sido señalada por incumplir el objetivo de déficit o de deuda y ha manifestado su desacuerdo en que se calcule la regla de gasto por igual.

Al hilo de la pregunta por las sentencias judiciales, ha aclarado que se han tenido que abonar más de 100 millones por los atrasos derivados de la congelación de sueldos de los funcionarios en 2020 y 2021 o que el Govern ha tenido que abonar hasta 400 millones por condenas judiciales generadas por la ley urbanística de 2008.