Denuncian el “afán recaudatorio” detrás de la obligatoriedad de las balizas V16

Vox Baleares ha registrado esta mañana una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno de España a suspender la entrada en vigor de la obligatoriedad de las luces de emergencia V16, prevista para el 1 de enero de 2026.

En la iniciativa parlamentaria, Vox advierte de que la nueva normativa, que sustituirá a los tradicionales triángulos, obligará a los conductores a asumir un coste de hasta 60 euros por baliza, junto a posibles sanciones de 80 euros si no se adquiere un modelo homologado. El partido sostiene que esta exigencia se implanta sin estudios técnicos independientes que respalden su eficacia en situaciones reales, como episodios de lluvia intensa, niebla o zonas sin cobertura móvil, donde la geolocalización del dispositivo podría resultar inoperativa.

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La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha criticado duramente la gestión del Ejecutivo central, calificando la normativa como un "impuesto encubierto" disfrazado de seguridad vial: "La seguridad vial no puede convertirse en un negocio. El Gobierno ha decidido declarar inservibles los triángulos que han salvado vidas durante años para obligar a los españoles a pasar por caja con un dispositivo que, en muchos casos, ni siquiera garantiza mejor visibilidad de día".

Asimismo, la formación señala un posible riesgo asociado al uso de estas balizas: la tendencia a permanecer dentro del vehículo durante una avería. Recuerdan que los protocolos de prevención recomiendan abandonar el habitáculo y situarse en un lugar seguro, mientras que la activación de la V16 desde el interior podría fomentar conductas contrarias a estas pautas y aumentar el riesgo en caso de colisión, argumentan.

"Es un despropósito que una norma de supuesta seguridad incentive a los conductores a quedarse dentro del coche en plena calzada. Desde Vox exigimos que no se juegue con la vida de los españoles ni se les impongan multas por no comprar el modelo que el Gobierno quiere venderles", ha sentenciado Cañadas.

DESIGUALDAD ENTRE CONDUCTORES 

El texto registrado también apunta a una posible desigualdad normativa derivada de la medida. Mientras los vehículos matriculados en España deberán portar la baliza conectada, los conductores con matrícula extranjera que circulen por las carreteras del país quedarían exentos, lo que, según Vox, generaría una disparidad injustificada.

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Por todo ello, la PNL reclama al Gobierno la suspensión inmediata de la obligatoriedad hasta que existan informes periciales concluyentes y pide que se garantice la convivencia entre ambas tecnologías, permitiendo a los conductores optar por los triángulos o la baliza sin riesgo de sanciones.