La fiscal jefa antidroga: "España debe reconocer que tiene un problema de delincuencia organizada"

La fiscal jefa antidroga de la Audiencia Nacional, Rosa Ana Morán, ha advertido este viernes de la necesidad de que España reconozca que tiene "un problema de delincuencia organizada".

Así lo ha indicado en una ponencia del Congreso de Legislación Antinarcotráfico que organiza en A Estrada (Pontevedra) la Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN).

La fiscal asturiana, que asumió el cargo en mayo de 2022, ha abogado por impulsar la legislación para dar una "mejor respuesta judicial y policial" en la lucha contra la droga.

Morán ha advertido de que la Fiscalía Especial Antidroga cuenta con 15 miembros en plantilla y otras tres plazas sin cubrir, así como 31 delegados que están repartidos por las provincias de costa y aquellas en las que hay más incidencia de tráfico de droga. Una de sus propuestas es contar con delegados en todas las provincias.

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La fiscal jefa antidroga ha confesado que "a veces" tiene la "sensación" de que nadie se lee la memoria de la Fiscalía y se ha remontado a la de 2022, sobre la que "nadie" del poder ejecutivo ni del legislativo le preguntan.

En esa memoria recogen, por ejemplo, revisar y modificar las competencias de la Audiencia Nacional, que cuenta con "seis jueces de instrucción", por lo que "no da para más".

Así, ha abogado por revisar las competencias "con una visión estratégica". Hasta ahora, la Audiencia Nacional solo puede entrar en un caso cuando se trata de un delito cometido por una organización y que afecte a más de una provincia. "¿Qué importancia tiene que afecte a más de una provincia si pueden entrar más de 20 toneladas de cocaína por Valencia?", se ha preguntado antes de invitar a "reflexionar".

Morán ha señalado que el hecho de que detrás haya una organización con ámbito internacional tiene que estar recogido en esas competencias de la Audiencia Nacional.

Otro criterio que según ella debe estar presente para establecer las competencias de la Audiencia Nacional es la corrupción de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Aduanas y otros funcionarios "porque es imposible investigar" en el propio territorio, donde se producen -ha dicho- filtraciones por parte de compañeros o el juzgado.

Si bien ha precisado que "no hay un riesgo ni una realidad grave de corrupción" en esos miembros de seguridad, ha precisado que "alguno hay y hace mucho daño", y ha mencionado el caso de Óscar S., un exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que fue detenido con 20 millones de euros ocultos en su casa, presuntamente, relacionados con el narcotráfico.

En la memoria, la Fiscalía también sugiere la creación de jurisdicciones especializadas regionales en delincuencia organizada y, especialmente, en narcotráfico porque "serían un buen complemento para la Audiencia Nacional".

"Eso pasa por reconocer que España tiene un problema de delincuencia organizada, algo que no se ha producido. Tenemos un problema y hay que abordarlo", ha advertido.

Morán ha avanzado que la próxima modificación de la regulación marco contra las drogas en Europa puede conllevar un impulso a esta materia en España.

Ella ha demandado que tenga una tipificación autónoma como delito la tenencia de gasolina y el transporte para el tráfico de drogas. "No se puede permitir que esto no sea más que una sanción administrativa", ha criticado.

En este sentido, ha pedido una revisión de lo que se considera colaboración con la organización criminal -aquellos que facilitan la logística o el blanqueo- para así poder favorecer la presentación de la prueba en el juicio oral.

Otra de sus demandas es considerar como nuevo agravante, dentro de la defraudación de fluido eléctrico, el uso de electricidad para el cultivo de cannabis.

RECUPERAR EL CONSEJO SUPERIOR CONTRA EL NARCOTRÁFICO

La fiscal ha requerido también la recuperación del Consejo Superior de Lucha contra el Tráfico de Drogas, "que ha desaparecido", para así poder coordinar mejor las actuaciones dentro del Plan Nacional sobre Drogas.

Morán ha recordado que las drogas "no son solo un problema de salud pública", sino que también conllevan problemas de seguridad pública y están detrás de "muchos" casos de violencia de género o son germen de abusos y explotación.