El Gobierno aprobará el decreto para regular los centros de menores pese al rechazo del PP

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha avanzado este viernes que el Gobierno aprobará el real decreto para fijar garantías comunes en todos los centros de acogida de menores tutelados pese a la oposición de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que han descartado debatir dicho texto en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este viernes.

"Han bloqueado en términos procedimentales la posibilidad de que hoy pudiéramos trabajarlo", ha afeado a los consejeros populares Rego, quien ha mostrado su "absoluta determinación" de aprobar el texto en Consejo de Ministros y ha recordado al PP que dicho real decreto no necesita ser ratificado en el Congreso de los Diputados.

La ministra ha concretado que el texto -al cual, según fuentes de Juventud, sí han enviado aportaciones durante el proceso de audiencia pública Galicia, Valencia, Murcia y Andalucía- pretende "ordenar con una serie de características de estándares mínimos" el sistema de protección.

Así, entre otras medidas, propone que los centros de menores tengan menos de 10 plazas y que la comunidades autónomas tengan un número mínimo de plazas residenciales en función de la población, que de forma preferente sea una por cada 2.250 habitantes.

"Tenemos un problema. Estamos recibiendo noticias muy preocupantes de algunas comunidades autónomas en las que se están dando situaciones que consideramos inaceptables", ha recordado Rego, quien ha asegurado que el reglamento planteado busca garantizar los derechos de los menores tutelados y de los trabajadores de los centros.

En ese sentido, la ministra ha concretado que también es necesaria la instauración de programas de acompañamiento de los menores y transición a la vida adulta, la construcción de entornos de bienestar, y la promoción de figuras de apego y estrategias de desinstitucionalización.

"Lo deseable para cualquier niño o niña es que tenga derecho a estar en una familia, a ser posible, y que esté fuera de las instituciones", ha defendido Rego, quien ha subrayado que la sociedad tiene una "deuda" con estos menores.

La consejera del área de Castilla-La Mancha, Bárbara García, ha asegurado que el debate sobre el real decreto ha sido descartado por las comunidades autónomas porque su inclusión en el orden del día no había sido aprobada por la comisión previa encargada de establecer los puntos de la reunión.

Asimismo, García ha explicado que dicho reglamento "no afectaría considerablemente" a Castilla-La Mancha, puesto que la región ya aplica las condiciones expuestas en él.

Para la consejera madrileña, Ana Dávila-Ponce, el empeño del ministerio por incluir este punto en el orden del día marca el "autoritarismo y el totalitarismo" del Gobierno.

Sobre el contenido del real decreto, Dávila-Ponce ha considerado "absolutamente incongruente" que Juventud abogue por que los menores estén junto a familias de acogida o a su familia extensa pero que luego, en sus palabras, "intente favorecer a través de reales decretos su institucionalización".

Su homóloga balear, Sandra Fernández, ha criticado que la propuesta del ministerio representa una "intromisión" en las competencias autonómicas, algo en lo que ha coincidido la consejera canaria, Candeleria Delgado.

"Si lo que interesa es fijar entre todas las comunidades autónomas y el Estado un marco común de acción y unos mínimos, tenemos que sentarnos a negociar, no a imponernos", ha resaltado Delgado, quien también ha pedido al Gobierno "medios económicos" para poder garantizar la atención adecuada de los menores.