Un agroturismo de Mallorca, investigado por rellenar botellas con falso aceite de oliva virgen extra
El establecimiento, además, ofrecía productos de un huerto ecológico de la finca que no existía
Penélope O. Álvarez | Mallorca, 11 de Agosto de 2025 | 13:55h
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través del Servicio de Control y Calidad Agroalimentaria de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, ha intervenido en un agroturismo de Mallorca un lote de botellas de aceite de oliva por un presunto fraude en su origen y por rellenar envases destinados a los clientes del establecimiento.
Según la inspección, el agroturismo ofrecía aceite de oliva virgen como si fuera virgen extra, asegurando que se elaboraba en la misma finca y que procedía íntegramente de Mallorca. Sin embargo, las botellas carecían de la etiqueta numérica oficial del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Aceite de Mallorca, sello que certifica que el producto es realmente virgen extra y de origen 100 % mallorquín.
ENVASES RELLENADOS CON ACEITE PROCEDENTE DE LA PENÍNSULA
Los inspectores también comprobaron que el negocio rellenaba las botellas que se ponían a disposición de los clientes en el restaurante, una práctica expresamente prohibida por la normativa alimentaria. El aceite usado para este fin no era virgen extra, sino virgen, y procedía de una almazara ubicada en la península.
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Durante la visita, se detectó que el restaurante promocionaba en su carta productos supuestamente obtenidos de un huerto ecológico de la finca que, en realidad, no existía. También se ofrecían platos con ingredientes anunciados como de origen local que no cumplían esa condición.
CONTROL DE CALIDAD Y POSIBLES SANCIONES
La Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local recuerda que este tipo de inspecciones buscan proteger a los productores de las Illes Balears frente a prácticas de competencia desleal, así como garantizar la autenticidad de las denominaciones e indicaciones de origen. Además, advierte de que estas acciones constituyen un engaño para el consumidor.
El Govern insiste en que incumplir la normativa vigente puede derivar en sanciones administrativas. En el caso de infracciones graves, las multas previstas oscilan entre 3.000 y 60.000 euros.
