El sector del juego está en el programa de ayudas a pymes directivas de la Junta de Extremadura
cronicabalear.es | Mallorca, 04 de Agosto de 2025 | 04:01h
La Junta de Extremadura publicó en junio de 2025, en el Diario Oficial de Extremadura (DOE nº 124), la convocatoria de ayudas para mejorar la competitividad y crecimiento de las pymes extremeñas mediante la formación de sus cuadros directivos. El programa financia hasta el 40% del coste de la matrícula, con un tope de 4.000 euros por participante.
Hay un pago anticipado del 50% al formalizar la inscripción. Además, exige una plantilla media mínima de diez trabajadores y que los cursos cuenten con al menos 50 horas y sean impartidos por escuelas de negocio o universidades acreditadas internacionalmente. Sin embargo, el artículo dedicado a los sectores excluidos mantiene fuera a las compañías cuya actividad principal corresponda a juegos de azar y apuestas.
La medida afecta tanto a salones presenciales como a operadores digitales ubicados en Extremadura, pese a que el juego online generó en 2024 un margen de 1.454,6 millones de euros (GGR), un 17,6% más que el año anterior, y emplea de forma directa más de 47.000 personas en todo el país, según la Memoria Anual de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).
Programa de ayudas 2025: Requisitos y exclusiones
La resolución de 17 de junio precisa que las pymes beneficiarias deben tener domicilio fiscal y centro productivo en Extremadura, así como acreditar la plantilla mínima en los doce meses previos a la solicitud. El texto reseña expresamente la exclusión de aquellas empresas cuya CNAE se corresponda con juegos de azar y apuestas. Situándolas al mismo nivel que las actividades financieras y la industria tabaquera.
Siendo así, las startups que operan como crypto casino, plataformas basadas en blockchain que aceptan depósitos y retiradas en activos digitales, se encuentran en una posición especialmente compleja. No pueden acceder a la línea formativa autonómica y, al mismo tiempo, deben cumplir con las exigentes licencias estatales gestionadas por la DGOJ, que aún no contemplan figuras específicas para los activos virtuales.
La paradoja es evidente si se tiene en cuenta que el segmento de casino online representa ya más del 50% del GGR estatal, y que la progresiva tokenización de los pagos es una de las tendencias que impulsan la modernización del sector.
En un comunicado remitido en abril, su director general, Jorge Hinojosa, recordó que la profesionalización del capital humano es clave para garantizar la integridad y la seguridad del juego en línea.
La exclusión llega, además, cuando la Consejería de Hacienda mantiene en información pública un proyecto de orden para digitalizar el pago telemático de la tasa autonómica sobre la modalidad de casinos, un paso que persigue simplificar la gestión tributaria para los propios operadores vetados en las ayudas de formación.
Mientras tanto, los datos del primer trimestre de 2025 revelan que el juego online ingresó 398,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 13,7% pese al descenso trimestral del 2,7%.
Las cifras consolidan la tendencia alcista iniciada tras la anulación parcial, por parte del Tribunal Supremo en 2024, de varias restricciones publicitarias del Real Decreto 958/2020, lo que ha permitido al sector recuperar sus niveles de inversión en marketing (203 millones de euros en 2024).
Además de contribuir con un tipo impositivo del 15% consolidado en 2025 sobre el juego presencial y 20% para el online. La discrepancia refleja un debate más amplio sobre la seguridad jurídica y el destino de los fondos públicos.
Extremadura necesita talento directivo para competir, pero la negativa a incluir a las empresas de azar, también a aquellas que innovan con blockchain, podría desincentivar la inversión privada en un momento en que el empleo tecnológico crece un 2,7% anual en la región, según el SEXPE/Cotec.
Perspectivas regulatorias y oportunidades alternativas
El fallo que el Tribunal Supremo dictó de julio de 2025, y que anuló los artículos clave del Plan Especial Urbanístico de Barcelona que vetaban la apertura de nuevos bingos, casas de apuestas y casinos, marcó un punto de inflexión.
La Sala Tercera recordó al Ayuntamiento que cualquier limitación debe estar debidamente justificada y ser proporcionada para no vulnerar la libertad de establecimiento. Aunque la sentencia se circunscribe a la capital catalana, su doctrina impacta en todas las comunidades que barajan restricciones similares. Incluida Extremadura, donde la Consejería de Hacienda tramita la orden que digitaliza el pago de la tasa autonómica de casinos y, según fuentes consultadas, prepara un informe jurídico sobre la posible adaptación de su Ley 6/1998 del Juego a los criterios del Supremo.
La resolución se suma a la anulación parcial que el mismo tribunal dictó en abril de 2024 sobre el Real Decreto 958/2020 de comunicaciones comerciales del juego, un golpe a las franjas publicitarias restringidas, y que obligó al Ministerio de Consumo a reescribir varios artículos para 2026.
En la práctica, las pymes que operan como casinos en línea obtienen ahora un escenario más estable para planificar campañas de marca, aun manteniendo la franja de 1:00 a 5:00 horas para spots audiovisuales.
