Alertan de que la nueva ley del suelo deja a Palma a merced de la construcción descontrolada

El GOB ha advertido que las enmiendas introducidas en la Ley de Obtención de Suelo del Govern abren la puerta a una "destrucción masiva y desregulada" del suelo rústico de Palma, al dejarla "a merced de la construcción intensiva y descontrolada" en todas sus áreas de transición.

Para la entidad ecologista, esta ley de "liberalización" del suelo impulsada por PP y Vox en el Parlament supone un "giro dramático" en la política territorial y urbanística de las islas pero en Palma, la situación es "especialmente grave", según ha explicado el GOB en un comunicado.

De este modo, han apuntado que, a diferencia de otros municipios, no se requiere que las áreas de transición (AT) estén "contiguas a zonas residenciales plurifamiliares". Así, han alegado que solo hace falta que limiten con suelo urbano o urbanizable ejecutado, cosa que "incluiría a pequeños núcleos rurales, aldeas, barrios dispersos o también polígonos industriales".

REDUCE DE 350 A SOLO 100 METROS

Otro de los aspectos que señalan es que el requisito de anchura mínima de las AT se reduce de 350 metros a solo 100 metros, lo que, a su modo de ver, "hace urbanizables prácticamente todas las AT de Palma, excepto las situadas en zonas inundables, de riesgo de incendio o protegidas".

Por otro lado, han subrayado que las edificaciones "no tendrán que respetar el entorno ni la morfología urbana preexistente", por lo que podrían levantarse bloques de pisos "sin ninguna relación con lo que había hasta ahora", a pesar de encontrarse junto a barrios o núcleos históricos.

"Estas edificaciones -que no pueden ser unifamiliares, porque la ley las prohíbe- no tendrán que respetar el entorno ni garantizar la continuidad con el urbanismo desarrollado hasta ahora en estos barrios, dado que la norma lo prevé", han puntualizado.

El GOB, junto con la Plataforma Mallorca per Viure, no per especular, ha analizado el detalle de la norma -a pesar de que todavía no ha sido publicada su versión definitiva al BOIB- y han incidido en que estas excepciones "no son casuales", sino que responden a una estrategia de "pelotazo urbanístico", que permitirá "construir miles de nuevas viviendas en suelo rústico, sin garantizar servicios públicos, ni evaluaciones ambientales, ni estudios de movilidad o de disponibilidad de agua".

Los ecologistas han manifestado que la ley aprobada establece que las disposiciones contenidas en el texto legal prevalecen sobre cualquier norma urbanística de igual o menor rango. Esto implica que "quedarían en suspenso" las limitaciones de altura, densidad o volumen que hasta ahora protegían determinados barrios y áreas rurales de la ciudad.

"El resultado puede ser la creación de nuevos barrios dormitorio, desconectados, sin servicios y devastadores para el paisaje agrario y la cohesión territorial", han explicado.

El GOB ha exigido que el Ayuntamiento de Palma se comprometa públicamente a "no tramitar ningún proyecto residencial estratégico (PRE) en suelo rústico" mientras haya suelo urbanizable pendiente de ejecutar.

Del mismo modo, han pedido que se paralice la aplicación de la ley en Palma y se promueva su impugnación por inconstitucionalidad para "recuperar el control público de la planificación urbanística, con participación ciudadana real y evaluaciones ambientales rigurosas".