Una mallorquina, obligada a dejar de usar su coche tras un error de la DGT que lo da por desguazado

Una vecina de Palma ha denunciado públicamente una grave irregularidad administrativa tras descubrir que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado de baja definitiva su vehículo sin su consentimiento. El coche, que utiliza a diario para desplazarse al trabajo, figura en los registros oficiales como enviado a desguace y retirado de circulación.

Todo comenzó hace unos días cuando la afectada consultó la aplicación de miDGT para revisar la fecha de la próxima Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Para su sorpresa, su coche ya no aparecía vinculado a su nombre. Alarmada, contactó con el teléfono de atención al ciudadano (010), donde una agente de la DGT le confirmó que el vehículo había sido dado de baja definitiva por la delegación de Valencia y estaba señalado para su descontaminación en un centro autorizado.

"Me alteré. Jamás he estado en Valencia, ni he solicitado la baja de mi vehículo", relató la denunciante. "La funcionaria me dijo que probablemente se trataba de un error administrativo, pero que lo arreglara yo misma acudiendo a una oficina de la DGT. En Palma no hay citas disponibles, y me advirtieron que sin cita previa no me atenderían".

Peor aún, según la funcionaria, la perjudicada debería inmovilizar su vehículo y dejar de utilizarlo, pese a que el coche está en perfectas condiciones y el error proviene de la propia administración. La única alternativa ofrecida fue iniciar una petición de rehabilitación del vehículo desde la sede electrónica, trámite que ya ha iniciado pero del que, varios días después, no ha recibido respuesta alguna.

"NO PUEDO DEJAR DE USA MI COCHE, LO NECESITO PARA VIVIR"

"Me siento triste, nerviosa e impotente. La Administración comete un error, y es el ciudadano quien debe cargar con las consecuencias, sin canales de atención urgente ni soluciones inmediatas. No puedo dejar de usar el coche, lo necesito para vivir", lamenta.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la falta de respuesta ágil por parte de algunas instituciones públicas ante errores que afectan gravemente a la vida cotidiana de los ciudadanos, y evidencia la necesidad urgente de mecanismos de atención prioritaria para situaciones administrativas críticas.