Dos proyectos vinculados a la cátedra de Begoña Gómez generan gasto mensual sin autorización de la Complutense
Empleados de Devoteam confirman ante el juez que la Universidad Complutense desconocía estos proyectos
Penélope O. Álvarez | Mallorca, 05 de Junio de 2025 | 17:16h
Dos representantes de la empresa Devoteam, encargada de trabajos para la cátedra que codirigía Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, han declarado este jueves ante el juez Juan Carlos Peinado que existen dos proyectos que la Universidad Complutense desconocía y que siguen generando un gasto mensual de 750 euros, a pesar de que la cátedra finalizó en octubre de 2024.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid tomó declaración como testigos a estos dos empleados de Devoteam, una consultora tecnológica. En abril, estos trabajadores informaron a la Universidad Complutense de la existencia de dos proyectos vinculados a la Cátedra de Transformación Social Competitiva, que codirigía Begoña Gómez. Dichos proyectos, denominados "ucm-impactopymes-pro" y "ucmimpactopymes-dev", continuaban generando un coste mensual de 750 euros.
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LA UNIVERSIDAD DESCONOCÍA LA EXISTENCIA DE LOS PROYECTOS
En el correo enviado a la Complutense, los responsables de Devoteam preguntaron: “Nos gustaría saber si el proyecto tiene que seguir en ejecución o si puede eliminarse, nos está generando un gasto extra”. La Universidad, sorprendida por esta información, convocó a una reunión para aclarar los hechos, según consta en el sumario. La Universidad Complutense remitió en mayo un informe al juzgado, en el que indicaba que no tenía conocimiento previo de estos proyectos, calificando esta situación como un “hecho nuevo” en la investigación.
Durante su declaración, los dos trabajadores explicaron que estaban contratados por Google para realizar trabajos relacionados con “la aplicación” de la cátedra que codirigía Begoña Gómez. Precisaron que estos trabajos concluyeron a finales de 2023.
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Uno de los trabajadores, que no estaba en la empresa en ese momento, pero revisó proyectos en marcha este año, detectó que estos dos proyectos seguían activos, generando un gasto mensual. Decidieron preguntar a la Complutense si podían “cortar” esos servicios.
SIN RESPUESTA DE LA COMPLUTENSE PARA CANCELAR LOS PROYECTOS
Los testigos aclararon que no preguntaron a Google, sino a la Universidad Complutense, porque los trabajos eran para esta institución educativa. Sin embargo, la Complutense no les autorizó a poner fin a estos proyectos, por lo que siguen generando gastos a día de hoy.
Otras fuentes presentes en las declaraciones señalaron que, según los trabajadores de Devoteam, Begoña Gómez participaba regularmente en las reuniones de trabajo conjunto. Asimismo, indicaron que varias empresas colaboraban en lo que denominaron “la aplicación” del máster Transformación Social Competitiva. Según el informe que la Universidad remitió al juzgado, no constaba trámite alguno relacionado con estos proyectos, ni registro de proceso de contratación asociado.
La revisión efectuada por la Universidad localizó estos dos proyectos en un listado de más de 9.800 alojados en la nube. Aclaró que “seguramente creados en su mayoría por estudiantado o personal investigador de la universidad” y que no era posible acceder a su contenido, por lo que la Complutense desconocía qué albergaban estos proyectos.
SIN VESTIGIO ALGUNO DE SU ALTA O REGISTRO
La Universidad Complutense informó también que llevó a cabo actuaciones para determinar si existía algún registro o notificación de alta de estos proyectos. Sin embargo, no se halló “vestigio alguno al respecto”, como tampoco lo había para los otros 9.800 proyectos identificados en la nube.
La actividad profesional de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, donde codirigió la cátedra, es una de las líneas de investigación que dirige el juez Juan Carlos Peinado. Además, investiga el nombramiento en 2018 de su asesora, Cristina Álvarez, entre otros asuntos. El magistrado mantiene imputados a la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias o corrupción en los negocios. También están imputados su asesora, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
