El Govern denuncia un restaurante por vender pescado procedente de pesca submarina ilegal

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través del personal de inspección pesquera de la Dirección General de Pesca y junto con el Consell de Ibiza, ha interpuesto una denuncia a los responsables de un restaurante de Ibiza por tenencia ilegal de ocho kilos de pescado -meros, corvinas y cabrachos- que procedían de la pesca submarina.

Según ha informado este martes la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, se trata de cuatro meros con una talla inferior a la reglamentaria, cuatro corvinas y siete cabrachos. El pescado se ha decomisado y destruido.

En todos se observaba la herida provocada por el arpón del fusil submarino. Además, el restaurante no disponía de ningún tipo de documentación que acreditara su trazabilidad, ni su procedencia, por lo que el producto se inmovilizó y posteriormente se decomisó.

El conseller de Pesca, Joan Simonet, ha declarado que actuaciones como esta demuestran el "firme compromiso" del Govern con el sector pesquero y con la defensa de los pescadores profesionales.

Simonet ha explicado que la acción se ha llevado a cabo en el marco de una inspección conjunta de la Dirección General de Pesca con los Consells de Ibiza y Formentera. En este sentido, inspectores del Govern se desplazan a las Pitiusas para actuar en establecimientos sobre los que existen sospechas de ilegalidades presuntas.

"El objetivo principal de estos controles, además de garantizar que se cumpla la normativa, es evitar la competencia desleal y proteger los intereses legítimos del sector y de los consumidores", ha subrayado el conseller.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha sido la encargada de tramitar la denuncia. Según la Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en las Baleares, la tenencia y comercialización de peces de talla inferior a la reglamentaria procedentes de pesca recreativa constituyen una infracción muy grave y pueden sancionarse con una multa de hasta 60.000 euros, además del decomiso de la mercancía.