La reducción de la jornada laboral beneficiará a más de 373.000 trabajadores de Baleares
EL PSIB asegura que ocho de cada diez convenios colectivos en las islas siguen aún las 40 horas vigentes desde los años ochenta
Redacción | Mallorca, 09 de Mayo de 2025 | 13:41h
El portavoz del PSIB-PSOE, Rubén Castro, ha anunciado hoy que la reciente aprobación por parte del Consejo de Ministros de la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales beneficiará a más de 373 000 trabajadores de Baleares, una cifra que supera el 50 % de la plantilla de la comunidad.
Desde la entrada en vigor en 1983 del Estatuto de los Trabajadores, la duración legal de la semana laboral no se había revisado. Con esta reforma, el Ejecutivo estatal responde a una vieja reivindicación de los sindicatos y partidos socialistas, que subrayan su importancia tanto para la calidad de vida de los empleados como para la modernización del mercado laboral balear.
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Rubén Castro detalló que ocho de cada diez convenios colectivos en las islas siguen aún las 40 horas vigentes desde los años ochenta. Bajo el nuevo marco normativo, la hostelería verá cómo unos 163 000 trabajadores reducen su carga semanal, mientras que otros 74 000 empleados del comercio, 40 000 del sector de la construcción y 29 000 profesionales del transporte también disfrutarán de una jornada más corta.
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El portavoz socialista advirtió de que el avance debe acompañarse de una redistribución justa de los beneficios empresariales. En la última década, la hostelería ha registrado un incremento de sus márgenes en un 109 %, y el turismo en su conjunto un 60 %, mientras los salarios apenas se han incrementado un 30 % en el mismo periodo. Según Castro, es preciso que estos resultados “se traduzcan en retribuciones más equilibradas” para los trabajadores.
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Más allá de la reducción de horas, el PSIB-PSOE exige al Govern del PP medidas decididas para aliviar la crisis de la vivienda, uno de los principales problemas que afrontan los trabajadores en las islas. Rubén Castro criticó la negativa de la administración autonómica a imponer topes al alquiler o a impulsar la construcción de vivienda pública, y reclamó “políticas integrales” que combinen mejores condiciones laborales con un acceso asequible a la vivienda.
