Convocan una manifestación en Palma para "acabar con el negocio de la vivienda"

La manifestación por el derecho a la vivienda, organizada en distintos puntos de España el 5 de abril, será unitaria en Palma donde la convocan las entidades que forman el movimiento por la vivienda, contra la turistificación y en defensa del territorio, con el lema 'Acabemos con el negocio de la vivienda'.

Partirá el sábado a mediodía de la Plaza de España y la convocan conjuntamente el Sindicato de Vivienda de Palma, Stop Desahucios, la PAH, Menos Turismo Más Vida, el Banco de Tiempo de Sencelles y el GOB, han informado en un comunicado conjunto.

Los convocantes han explicado en un comunicado que, en Mallorca, la crisis se ha convertido en insostenible, con viviendas vacías mientras la gente no puede pagar un alquiler, precios desorbitados por la especulación inmobiliaria y el turismo de lujo, más construcción que destruye territorio sin garantizar acceso a la vivienda y falta de políticas sociales y control del mercado inmobiliario.

Coinciden en que la vivienda "ha dejado de ser un derecho para convertirse en un negocio que expulsa a la población de su propia tierra" y animan a acudir a la protesta para clamar "¡Basta!" y exigir "soluciones reales y justas que garanticen el derecho a una vivienda de calidad para todos".

Aseguran que en Baleares, mientras los precios de los alquileres y la compra de viviendas se disparan, los salarios permanecen estancados, obligando a muchas personas a destinar la mayor parte de sus ingresos a pagarse un techo y ahondando en el desigual reparto de la pobreza. Además, la proliferación de viviendas turísticas, junto con la adquisición masiva de inmuebles por parte de fondos de inversión, agravan la situación, empujando a la población local hacia la precariedad habitacional.

Recuerdan que, en 2022, Baleares concentró el 33% de compraventas de viviendas de lujo, con un aumento del 55 % en las transacciones de inmuebles valorados en más de 3 millones de euros. Los compradores extranjeros representan más del 50 % de este mercado y elevan aún más los precios y dificultando el acceso a la vivienda para la población local.

La compra de viviendas por parte de no residentes creció un 81,5% en 2022, con un 59% de adquisiciones por parte de alemanes y un 11% por británicos. Las entidades piden restricciones en la compra de viviendas por parte de no residentes. También consideran la regulación de los precios del alquiler "una urgente necesidad" porque se ha duplicado en una década.

Denuncian que la proliferación de pisos turísticos ha contribuido a este encarecimiento, "beneficiando a los grandes propietarios y dejando a la población sin alternativas asequibles", con más de 25.000 viviendas turísticas en Mallorca y Baleares como la comunidad autónoma con más porcentaje de inmuebles dedicados a esta actividad.

Pollença, Alcúdia y Santanyí tienen "una proporción elevadísima de viviendas turísticas en relación con su población residente", lo que ha disparado los precios y expulsado a los locales. Las entidades reclaman la prohibición total del alquiler turístico y la progresiva retirada de las licencias actuales.

Ante la falta de un parque de vivienda pública suficiente, proponen expropiar los inmuebles vacíos de los grandes tenedores, recuperar viviendas gestionadas por la Sareb y aumentar la oferta pública de alquiler social. También piden el "desmantelamiento inmediato" de las empresas de desokupación que actúan "con violencia e impunidad" contra familias vulnerables.

AUMENTAN LOS DESAHUCIOS

Añaden que en Baleares hubo 227 desahucios en el tercer trimestre de 2024, un 20,7% más y que las ejecuciones hipotecarias subieron un 93,8% y exigen "la prohibición total de los desahucios sin alternativa habitacional". También denuncian las multas y acoso judicial de activistas y piden una amnistía para los sancionados por defender el derecho a la vivienda.

Achacan la crisis de vivienda en Mallorca a políticas que han priorizado la especulación sobre el bienestar de la población y llaman a la movilización. "Sólo con la lucha colectiva podremos garantizar que la vivienda sea un derecho para todos, y no un privilegio para unos pocos", concluyen.