Iustitia Europa impugna el registro de viajeros de Marlaska por vulneración de derechos
El partido pide la suspensión cautelar de la norma, que obliga a recopilar hasta 42 datos personales de los clientes
EFE | Mallorca, 04 de Diciembre de 2024 | 13:20h

Iustitia Europa, junto con su presidente y abogado, Luis María Pardo, ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el decreto del Ministerio del Interior que regula las obligaciones de registro de viajeros. Además, han solicitado la suspensión cautelar de la norma.
La normativa, vigente desde el lunes 2 de diciembre, exige a hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos recopilar y almacenar hasta 42 datos personales de sus clientes durante tres años, según recordó este miércoles el partido en un comunicado.
VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DEL REGISTRO DE VIAJEROS
Iustitia Europa calificó el decreto como "una flagrante violación de los derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución Española como en la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea". Además, criticaron al Gobierno por tomar medidas que, según ellos, reflejan una "deriva institucional".
El partido considera que el decreto invade la privacidad de millones de personas, entre ellos turistas y ciudadanos españoles y extranjeros. Señalan que se requiere información extremadamente sensible, como datos financieros, relaciones familiares o de parentesco y métodos de pago.
IMPACTO EN EL TURISMO Y LA IMAGEN DE ESPAÑA
"No todo vale en nombre de la seguridad", afirmó Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa. En su opinión, las medidas son desproporcionadas, vulneran la intimidad de las personas y contravienen el Reglamento General de Protección de Datos. Además, aseguró que carecen de base jurídica suficiente.
Iustitia Europa ha pedido la suspensión cautelar de la norma, argumentando que su aplicación supondría un perjuicio irreparable. Según el partido, la recopilación de datos sensibles podría disuadir a turistas internacionales de visitar España, afectando al sector hotelero y a la competitividad del país.
Asimismo, señalaron que estas medidas podrían tener un severo impacto en el turismo y la imagen internacional de España, un sector clave para la economía nacional.







