Hungría responde a Europa defendiendo su derecho a legislar sobre contenidos LGTBI

El Gobierno húngaro ha respondido al expediente sancionador iniciado por la Comisión Europea con una carta en la que ha vuelto a defender su derecho soberano a legislar sobre el contenido al que tienen acceso los niños, lamentando que se quiera "castigar" a Hungría "sólo por no permitir que el 'lobby' LGTBI entre en escuelas y guarderías".

Bruselas inició el 15 de julio los expedientes sobre Polonia y Hungría, en ambos casos por sus controvertidas políticas LGTBI. El procedimiento de infracción arranca con el envío de una carta de emplazamiento a la que ya ha respondido la parte húngara, inamovible en sus argumentos.

La ministra de Justicia, Judit Varga, ha informado en Facebook del envío de una misiva al comisario europeo para el Mercado Interior, Thierry Breton, antes de que venciese el plazo este pasado miércoles. En ella, el Ejecutivo de Viktor Orban esgrime desde cuestiones formales --"errores materiales y profesionales en la notificación formal por parte de la Comisión"-- hasta políticos.

Hungría, ha explicado Varga, "desea proteger su cultura, su identidad nacional y los valores en que se sustentan", algo a lo que supuestamente tiene derecho como "país libre e independiente". "Según los Tratados y la Carta de Derechos Fundamentales, ni la Unión ni ningún otro organismo tienen el derecho a determinar cómo crían los padres húngaro a sus hijos", ha sentenciado.

En este sentido, ha esgrimido que "nadie puede obligarles a permitir que su hijo reciba información sexual sin su aprobación o que accedan a contenido perjudicial que es inapropiado para su edad", aludiendo al veto que se impone dentro de los centros educativos para cualquier cuestión asociada al colectivo LGTBI.

La ministra ha rechazado "categóricamente" que estas limitaciones equivalgan a "exclusión o discriminación", en la medida en que considera que "la ley no interfiere en la vida de lo adultos de ninguna manera" y "no viola los derechos de las minorías sexuales", que estarían "garantizados" por ley.

Varga ha apuntado en su nota que ahora "la pelota está en el tejado de la Comisión". Los expedientes sancionadores prevén una segunda etapa de diálogo si no se resuelve el conflicto en esta primera fase y, en última instancia, el Ejecutivo comunitario podría elevar los casos ante el Tribunal de Justicia de la UE.