¿Usas bombona de butano en casa? Podrías quedarte sin ella las próximas semanas

La falta de acción por parte del Gobierno y el aumento de los costes están llevando a las agencias distribuidoras de butano a una situación crítica que amenaza el suministro de este recurso esencial para más de seis millones de hogares en España. Las más de 170 pequeñas y medianas empresas encargadas de la distribución a domicilio han solicitado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico una revisión urgente de tarifas, que no se han actualizado en más de diez años.

Las empresas distribuidoras destacan que los costes operativos, que incluyen salarios, mantenimiento de vehículos y combustibles, no están siendo compensados por el precio actual de la bombona, que aunque sufrió un incremento en su última revisión de septiembre, sigue siendo insuficiente. Este contexto ha llevado a la Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (FEDGLP) a convocar una Asamblea General el próximo 21 de octubre, donde se definirán los detalles de los paros.

La decisión de estas empresas no es trivial; se produce a solo un mes de la próxima revisión del precio de la bombona, que está programada para entrar en vigor el 19 de noviembre. Según la normativa establecida en la Orden IET/389/2015 de la Dirección General de Política Energética y Minas, los precios deben revisarse cada dos meses.

Los paros en la distribución de butano impactarán de manera desproporcionada a los hogares más vulnerables, especialmente aquellos situados en áreas rurales que no tienen acceso a otras fuentes de energía. Para muchas de estas familias, el butano representa no solo una opción económica, sino la única alternativa viable para calentar sus hogares durante los meses más fríos del año. La interrupción del suministro podría, por tanto, amenazar la seguridad energética de millones de personas.

El Gobierno español, hasta la fecha, no ha respondido a las peticiones de revisión tarifaria de las distribuidoras. Actualmente, el precio máximo de la bombona se mantiene congelado en 19,55 euros, gracias al Real Decreto-Ley 11/22, diseñado para proteger a los consumidores en medio de la crisis energética. Sin embargo, esta medida ha dejado a las distribuidoras operando con una retribución de solo 0,53 €/kg, una cifra que es significativamente inferior a la que perciben otros sectores logísticos.

Un informe reciente de la consultora BDO España, citado por las agencias distribuidoras, señala que para garantizar la viabilidad del reparto de bombonas, la retribución mínima debería ser de 4,8 euros por unidad. Sin embargo, la falta de actualización de tarifas y el aumento de los costos operativos han llevado a la industria al borde del colapso. En comparación, el precio de venta de la bombona en España se mantiene entre los más bajos de Europa, mientras que en otros mercados el coste puede llegar a triplicarse.

A medida que se acerca el invierno, la situación se torna más crítica. Los consumidores y las distribuidoras están en una encrucijada, y la necesidad de una solución viable se vuelve cada vez más urgente. La incertidumbre sobre el futuro del suministro de butano en España subraya la importancia de una política energética sostenible y equitativa que garantice el acceso a la energía para todos.