Un empresario de Mallorca logra que la Justicia le perdone una deuda de 71.530 euros

La Asociación de Ayuda al Endeudamiento ha logrado que un empresario de Mallorca se libere de una deuda de 71.530,31 euros, que incluía, entre otros, pagos pendientes a la Seguridad Social. Este proceso se completó en tan solo un año.

Desde el 2 de julio de 2019, el Tribunal Supremo ha confirmado que los créditos públicos también se pueden exonerar aplicando la Ley de la Segunda Oportunidad.

El empresario cerró su negocio, un establecimiento de bebidas, hace un año. Después de casi 9 años de actividad, experimentó una disminución en las ventas debido, en parte, a un aumento de la competencia. Además, se acumularon deudas que se volvieron insostenibles, lo que finalmente lo llevó a la quiebra y a declararse en bancarrota.

Antes de eso, intentó sin éxito obtener un aplazamiento en el pago de sus obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

Dado que estas obligaciones estaban empezando a ser embargadas, se vio obligado a dejar de pagar también sus créditos personales pendientes. En ese momento, no veía ninguna solución viable para pagar todo lo que debía, sumado a los gastos esenciales de su familia.

En marzo de 2022, contactó con la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, una entidad formada por abogados y economistas especializados en ayudar a personas insolventes. Estos profesionales estudiaron su caso y le aconsejaron acogerse a la llamada "Ley de la Segunda Oportunidad".

A pesar de las dudas del protagonista sobre si se le concedería la exoneración de las deudas públicas, Laura Muñoz, abogada de la Asociación, basándose en sentencias favorables en casos similares, fue enfática al respecto: "los tribunales cada vez son más conscientes de que los créditos públicos deben incluirse en el mecanismo de segunda oportunidad, ya que de lo contrario, este instrumento no cumpliría con los objetivos establecidos por la Unión Europea".

A continuación, se detallan los pasos que se siguieron para lograr el perdón de la deuda:

El primer trámite consistió en comunicar la situación del deudor al Juzgado de lo Mercantil nº2 de Palma, a través de un "preconcurso de acreedores", iniciando así un período de negociación.

Durante esta etapa, se intentó llegar a un acuerdo conjunto con todos los acreedores, presentando una propuesta de pagos acorde a los ingresos del deudor. Sin embargo, este plan de pagos no fue aceptado por las entidades bancarias ni fue tenido en cuenta por las Administraciones Públicas.

Como explica Laura Muñoz: "Este trámite está exento del procedimiento de la Ley de la Segunda Oportunidad. En el 95% de los casos, los acreedores rechazan este intento, lo que no cumple con el objetivo de evitar que el deudor solicite el concurso de acreedores".

Aunque esto no fue una buena noticia para el deudor, le permitió demostrar de manera fehaciente que era un deudor de buena fe y que hizo todo lo posible por pagar hasta donde pudo. Cumpliendo con este requisito, la exoneración definitiva de sus deudas quedaba casi asegurada.

Para acogerse al procedimiento de la Ley de la Segunda Oportunidad y obtener la exoneración de los créditos públicos, se deben cumplir una serie de requisitos, que incluyen: demostrar insolvencia, no haberse acogido a la Ley de la Segunda Oportunidad en los últimos 5 años y no haber sido condenado por delitos socioeconómicos.

Una vez que se verificaron estos requisitos, se emitió la resolución definitiva concediendo el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), dejando al deudor libre de pagar 71.530,31 euros. La única deuda que aún debe abonar es una pequeña parte a las administraciones públicas.

Con esta sentencia, los acreedores del deudor no podrán reclamar ningún pago adicional ni incluirlo en listas de morosos. Ahora puede invertir y financiarse sin temor a embargos.

En la Asociación de Ayuda al Endeudamiento han llevado varios casos de la Ley de la Segunda Oportunidad en Palma. Este procedimiento está ganando importancia y popularidad, especialmente entre los autónomos. El número de empresarios que se han beneficiado de este derecho a liberarse de deudas se ha triplicado de 2021 a 2023.