La justicia balear estudia la reclamación del 25 % de educación en castellano

La asociación de profesores 'PLIS. Educación, por favor', con ayuda de Sociedad Civil Balear, ha interpuesto un recurso contra la Conselleria de Educación para que el Govern "dicte las medidas normativas pertinentes para que los proyectos lingüísticos de los centros de Baleares incluyan el castellano como lengua vehicular en, al menos, un 25% de horas lectivas".

Según ha explicado la asociación este miércoles en nota de prensa, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) admitió a trámite el pasado 15 de diciembre dicho recurso, un gesto que han aplaudido.

En este sentido, confían en que el Tribunal "sentencie que el Govern debe transmitir a los directores de los centros instrucciones claras y precisas para adaptar los proyectos lingüísticos al ordenamiento jurídico", ya que "la inmersión obligatoria en catalán no solo es un abuso de poder, es un despropósito pedagógico".

Asimismo, han subrayado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obliga a garantizar que se imparta como mínimo un 25% en castellano, "no tiene recorrido solo en Cataluña, sino en todas las comunidades autónomas bilingües".

Sobre esto, han recordado que PLIS pidió, tanto al Ministerio de Educación como a la Conselleria de Educación del Govern, que se aplicara lo dispuesto a Baleares, pero "no han contestado", han lamentado.

"El conseller de Educación, Martí March puede parar este recurso inmediatamente, basta con que introduzca en la ley de educación balear, que en breve llegará a la recta final del procedimiento parlamentario, una enmienda para que los proyectos lingüísticos adjudiquen un mínimo del 25% del horario lectivo en las dos lenguas oficiales, el catalán y el castellano".

En este sentido, han pedido que eviten que los padres deban reclamar el 25% "centro por centro", un derecho que "no tiene que ser mendigado, sino garantizado".

"Si al Govern balear le importa la seguridad jurídica de sus funcionarios, no debería perder ni un minuto para protegerlos, porque, tal y como está redactado el famoso decreto de mínimos, los responsables de infringir la ley, con consecuencias administrativas y penales, son los directores y los miembros del consejo escolar de cada centro educativo", han añadido.

Por todo ello, han pedido que se extienda el sentido de esta sentencia a Baleares, ya que "si mal está que el administrativo infrinja la ley, mucho peor es que lo haga la administración".