La Audiencia archiva la causa contra Neus Truyol por los vertidos a la bahía de Palma

La Audiencia Provincial ha anulado el procesamiento de la concejala de Modelo de Ciudad de Palma y candidata de Més per Mallorca a la alcaldía, Neus Truyol, en la causa abierta por el vertido de aguas residuales sin depurar a la bahía.

La sección primera de la Audiencia ha dictado un auto en el que atiende el recurso de apelación planteado por Truyol y revoca la acusación contra la política nacionalista por la supuesta responsabilidad en los vertidos contaminantes cuando fue presidenta de la empresa municipal de alcantarillado, Emaya, en la legislatura 2015-2019.

La Fiscalía de Medio Ambiente reclamaba para la edil cuatro años de prisión como presunta responsable de delitos contra el medio ambiente.

La Audiencia también ha sobreseído las acusaciones contra Inmaculada Mayol, que había sido gerente de la empresa municipal de alcantarillado, aguas y limpieza, y dos trabajadores de la entidad.

Aunque no había señalado fecha para la celebración del juicio, el juzgado de instrucción 12 de Palma acordó en marzo la continuidad del proceso y la acusación pública presentó su escrito contra Truyol y el resto de imputados, a los que atribuía inacción para frenar los vertidos de aguas residuales en la bahía de Palma.

En concreto, les acusaba de no hacer nada para impedir los episodios de contaminación producidos entre 2016 y 2018 por la insuficiencia del sistema de depuración cuando llueve en Palma debido a las deficiencias de la infraestructura de depuración que se habían comprometido a mejorar.

Truyol y los que fueron sus subordinados alegaron que no tenían competencias ni capacidad financiera para construir un nuevo emisario submarino ni una nueva depuradora y la concejala argumentó asimismo que no está probado el daño de los vertidos porque hay informes contradictorios.

La Audiencia subraya en su resolución que "no existe discrepancia" en que los vertidos son la consecuencia de las "deficiencias estructurales" del sistema de recogida y depuración de aguas residuales y pluviales, "una situación que viene ocurriendo desde hace bastantes años, antes de que los investigados accediesen a los cargos directivos de Emaya".

El tribunal detalla los efectos de la "obsolescencia" del sistema de saneamiento de la ciudad, que vierte al mar cuando llueve aguas sin la depuración exigida por la ley y constata que "solo la mejora y actualización de las infraestructuras" podría haber evitado la contaminación que se les imputa a los procesados.

Del análisis de los argumentos de la Fiscalía y de las competencias de Emaya y sus directivos, la Audiencia concluye que no tenían autoridad ni autonomía presupuestaria para decidir y ejecutar la construcción de esas infraestructuras, máxime dada la envergadura y el alto coste de las mismas.

"No se aprecian indicios de que Emaya tuviese capacidad, presupuesto y competencia para la nueva depuradora, ya que sería competencia exclusiva del Estado", señala el auto.

La Audiencia rebate los argumentos de la Fiscalía también respecto a que con la sustitución de Truyol al frente de Emaya en 2019 se agilizaron los planes para mejorar el sistema de depuración, puesto que los que se han llevado a cabo en la presente legislatura se aprobaron en la anterior bajo su mandato, indica.

La finalización de las obras de la futura depuradora, financiada al 80 % por el Gobierno central y con un coste previsto de 131 millones, se ha anunciado para 2026.