El personal laboral de Justicia de Baleares se va a la huelga

El Personal Laboral de la Administración de Justicia constituye un colectivo compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, educadores forenses, peritos judiciales, traductores-intérpretes, técnicos en anatomía patológica, archiveros, ordenanzas y personal de mantenimiento.

Sin embargo, a lo largo de décadas, han enfrentado diversos desafíos, entre ellos una significativa brecha salarial en comparación con otros empleados públicos de la misma categoría y grupo profesional.

Es importante destacar la alta especialización técnica requerida a estos profesionales y la importancia de su labor en el ámbito judicial.

Por un lado, los psicólogos forenses, trabajadores sociales forenses y educadores sociales forenses desempeñan un papel crucial en asuntos sensibles para la ciudadanía, como la violencia de género y las agresiones sexuales.

Evalúan tanto a agresores como a víctimas, utilizando análisis de credibilidad del testimonio, pruebas preconstituidas y valoraciones de la peligrosidad, entre otros.

Además, intervienen en casos de separación y divorcio contenciosos, custodia de menores, regímenes de convivencia y modificaciones de medidas.

Asimismo, su intervención es fundamental en todos los casos relacionados con delincuencia juvenil, elaborando informes, analizando las medidas judiciales más apropiadas, asistiendo a los juicios y proponiendo soluciones extrajudiciales, como la conciliación entre menores y víctimas.

Los peritos judiciales desempeñan una labor indispensable en el ámbito penal, no solo para determinar el daño efectivamente ocasionado, sino también para calificar los delitos y establecer responsabilidades civiles.

Además, autentifican documentos y bienes, y sus conclusiones son tenidas en cuenta en las propias sentencias de los tribunales.

Por último, los técnicos de anatomía patológica desempeñan un papel vital en la realización de autopsias en colaboración con los médicos forenses.

Denuncian que el Ministerio de Justicia destina importantes sumas de dinero a la externalización (privatización) de algunos servicios prestados por estos profesionales. Se producen ampliaciones de crédito sin un control adecuado sobre estos gastos, lo cual evidencia la necesidad de poner fin a estas privatizaciones y optar por cubrir y crear las plazas necesarias para solucionar la falta de personal que también afecta a este colectivo.

A pesar de ser un pilar fundamental en la Administración de Justicia, denuncian que el Ministerio no ha reconocido debidamente la labor e importancia de este colectivo, tanto a nivel profesional como retributivo. De hecho, dentro del ámbito de los empleados públicos de Justicia, son los peor remunerados con una gran diferencia.

Ante esta situación, los miembros de este colectivo afirman no tener otra alternativa que llevar a cabo una huelga, programada inicialmente para el 24 de mayo, con la esperanza de que el Ministerio acceda a negociar condiciones de trabajo dignas.