El Govern ve "próximo" un pacto sobre zonas inundables en Baleares

El Govern balear considera innecesario que la presidenta, Marga Prohens, atienda la exigencia de los partidos de izquierda de convocarles a una reunión sobre edificación en zonas inundables para alcanzar un acuerdo sobre la ley de simplificación administrativa, un pacto que "está próximo".

Así lo ha asegurado el portavoz del ejecutivo autonómico, Antoni Costa, para quien "las negociaciones pueden culminar perfectamente (...) sin la necesidad de hacer una reunión presencial".

Costa ha respondido en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes a la petición de los grupos del PSOE y MÉS per Mallorca y los diputados de Més per Menorca y Unidas Podemos de mantener una reunión con Prohens para desbloquear el diálogo sobre la regulación urbanística en zonas inundables contemplada en la ley de simplificación que la próxima semana debatirá el Parlament.

El portavoz y vicepresidente del ejecutivo ha subrayado que las negociaciones con "la bancada de la izquierda" están abiertas, que él mismo se ha reunido con los dirigentes de la oposición y que el diálogo "puede culminar perfectamente" sin necesidad de más encuentros presenciales.

Ha admitido que el Govern y el grupo del PP tiene pendiente responder a la última propuesta de la izquierda: "La estamos analizando, seguramente habrá una contrapropuesta". Ha apuntado además que "sin duda" habrá nuevos contactos este fin de semana.

Costa, que ha eludido adelantar si habrá un nuevo decreto para enmendar la ley que se apruebe el martes si no contempla todos los planteamientos del PP, ha defendido que la falta de acuerdo a puntos concretos no tiene por qué impedir que sí se pacten otros aspectos en los que hay coincidencia.

Aunque inicialmente el Govern del PP contemplaba permitir la edificación de viviendas en zonas inundables, la catástrofe de la DANA en Valencia le hizo cambiar de postura y sumarse al planteamiento de la izquierda de prohibir construcciones en áreas de riesgo, algo que obliga a introducir en el pleno enmiendas que se habían desechado en la tramitación como ley del decreto de simplificación administrativa.