El Govern admite que la indemnización a Kühn compromete sus cuentas y exige al PSIB que pida perdón

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha señalado que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que confirma que el Govern deberá pagar 96 millones de euros a una empresa de Matthias Kühn "compromete las cuentas de cualquier administración pública" y ha reclamado al PSIB que "pida perdón a los ciudadanos".

Así se ha expresado la presidenta este jueves en una rueda de prensa en la que ha lamentado que dicha sentencia es "una mala noticia para los bolsillos de los ciudadanos de Baleares".

Según Prohens, la sentencia demuestra la "falta de diligencia que tiene la izquierda a la hora de gestionar el dinero público". "Lo hemos visto estos últimos días con este escándalo nacional que tiene un epicentro en Baleares muy claro --trama Koldo-- y lo vemos ahora con esta nueva sentencia", ha criticado.

En este sentido, ha considerado que "lo primero que debería hacer" el PSIB es "salir, dar la cara y pedir perdón a los ciudadanos", puesto que "100 millones de euros es mucho dinero". "Hoy es un día para que el Partido Socialista salga y se haga responsable de haber administrado de esta forma el dinero de los ciudadanos", ha añadido.

Prohens ha afirmado que "evidentemente" el Govern "debe cumplir esta sentencia". Por ello, se está tratando "de qué forma se puede hacer efectivo este pago en el plazo establecido", que es "muy breve", sin que los ciudadanos de las Islas "lo noten" y sin "comprometer inversiones o infraestructuras fundamentales".

El fallo, con fecha 27 de febrero de 2024, rechaza el recurso de casación y confirma el auto del TSJIB que condena a la CAIB al pago de 63.533.374,48 euros, más los intereses de esta cantidad devengados desde el 18 de mayo de 2009, fecha de la primera reclamación, que ascenderían a unos 32,5 millones de euros adicionales. Es decir, más de 96 millones de euros.

La Sentencia repasa la tramitación judicial de este conflicto, que se inició en 2010, cuando gobernaba el socialista Francesc Antich, y finaliza ahora, 14 años después.

La posterior aprobación de la Ley 12/2017, de urbanismo de Baleares, durante la etapa del Govern de Francina Armengol, reclasificó de nuevo como suelo rústico protegido (ANEI) estos terrenos e imposibilitó que Muleta se reincorporase como suelo urbano al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sóller, originando la actual petición indemnizatoria.

La sentencia dictada funda su razonamiento en esta imposibilidad de reincorporación de Muleta como suelo urbano al PGOU de Sóller, confirmando que era procedente el pago de la indemnización al hacer imposible el desarrollo de este suelo, que había sido antes reconocido como urbano en el auto transaccional de 23 de julio de 2013.

El Tribunal Supremo obliga ahora a pagar la indemnización en el plazo de dos meses, imponiendo además las costas del incidente a la Comunidad, importes todos ellos que deberá afrontar el actual Govern.