Desahucian a una familia en Palma

Stop Desahucios denuncia que se ha ejecutado el lanzamiento de Ali, Samia y su hija. 

Según han indiciado, esta mañana se ha presentado CaixaBank, la comisión judicial y la Policía Nacional para ejecutar el 10° intento de lanzamiento de Ali, Samia y su hija pequeña en la calle Siete Picos, número 8 de Son Gotleu en Palma.

Ali y Samia vivían hace años de alquiler en un estudio pequeño de Son Gotleu. Cuando Samia se quedó embarazada, buscaron alquilar uno un poco más grande y encontraron la vivienda actual de la que han sido desahuciados hoy.

Ali y Samia entraron alquilando la vivienda, pagaron diversas rentas hasta que llegó una fecha de lanzamiento de un procedimiento que desconocían.

Entonces empezó su peregrinaje por la oficina antidesahucios.

La entidad BMN acordó un alquiler social con ellos. Les autorizó a solicitar la cédula de habitabilidad como requisito para firmar contrato.

La familia tramitó la cédula de habitabilidad y cumplimentó todos los trámites, pero, cuando Bankia absorbió BMN, Bankia que para entonces, también era pública, se negó a firmar el contrato y siguió pidiendo fechas de lanzamiento.

Stop Desahucios detalla que el caso lo lleva el juzgado de primera instancia 18 de Palma, que es conocido, por ser un "juzgado muy conservador que genera indefensión y tiende a tratar de desahuciar sin pensar en las consecuencias ni valorar la situación adecuadamente": "El abogado de oficio lleva muchísimo tiempo sin coger el teléfono. Se comunica solo por correo electrónico y de forma muy escueta, sin rigor en su trabajo y suele poner problemas para atender en su despacho".

La vivienda pasó a manos de CaixaBank a través de la empresa Living Center cuando se quedó con Bankia. Posteriormente, según la asociación, en el verano de 2022 CaixaBank ha vendido la vivienda a un fondo buitre. Sin embargo, CaixaBank se lo ha "ocultado al juzgado para tratar de ejecutar el desahucio sin demora sin solicitar la sucesión procesal a favor del fondo ni presentar nueva demanda".

"Todo para favorecer a sus amigos del fondo buitre, engañando al juzgado lo cual constituye un delito de estafa procesal. Para colmo el mediador del fondo buitre dio a entender a la familia que iban a suspender el lanzamiento para darles tiempo, por lo que está mañana cuando ha llegado la comisión judicial han podido llamar a compañeros y vecinos que han acudido urgentemente pero no han podido evitar que 4 furgonetas de la Policía Nacional ejecutaran el desahucio", denuncian. 

Aseguran que CaixaBank se beneficia de los rescates de las cajas que han terminado en BMN y Bankia a precio de saldo, para negar la firma de contratos de alquiler que estaban comprometidos previamente, con el objetivo de vender las viviendas a fondos buitres y echar a la calle a las familias. 

"Los juzgados siguen desahuciando con saña, mientras la ley de vivienda se demuestra inútil, la moratoria no se aplica y la ley mordaza sigue plenamente vigente. Este es el resultado práctico del Gobierno más progresista de la historia y del régimen del 78 con instituciones heredadas del franquismo", concluyen. 

Fuentes de CaixaBank desmienten a Crónica Balear que este inmueble sea de ellos ni de ninguna filial de la entidad.