Denuncian a tres altos cargos del Ayuntamiento de Palma por prevaricación administrativa

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este martes a tres altos cargos del Ayuntamiento de Palma por prevaricación administrativa, al proseguir con la tramitación de un decreto que concedía la prórroga del servicio activo a un mando de la Policía Local que había cumplido la edad de jubilación forzosa.

En una nota de prensa, el CSIF ha explicado que la denuncia se ha presentado contra la jefa de Nóminas y Prestaciones del departamento de Personal, el jefe del departamento de personal y el regidor del área de Hacienda, Innovación y Función Pública, Adrián García.

Según el sindicato, hay varias leyes que hacen referencia a la edad de jubilación forzosa de la Policía Local, fijada en los 65 años. Una de estas leyes incluso prohíbe la posibilidad de permanencia voluntaria en la situación de servicio activo.

El sindicato ha asegurado que avisó al Ayuntamiento en varias ocasiones de que estaban vulnerando la normativa y "de la estricta prohibición contemplada en varias leyes". No obstante, "hicieron caso omiso y optaron por mantener esta situación irregular".

El CSIF ha recordado que estos altos cargos no pueden alegar desconocimiento debido a la experiencia y a la formación exigida de los puestos que ocupan. En este sentido, ha explicado que el delito de prevaricación se da en el momento en que la autoridad pública, a sabiendas de la injusticia de una resolución, dicta en un asunto administrativo. "Es una forma de abuso de la autoridad" que en este caso "también puede incurrir en la modalidad de nombramiento ilegal".

De acuerdo con el sindicato, la pena que podría imponerse por prevaricación es la inhabilitación especial para el cargo público y la inhabilitación para el sufragio pasivo de nueve a 15 años. En el caso de nombramiento ilegal, la pena es una multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo de uno a tres años.