Baleares, un “destino de castigo”: Los agentes vienen a las islas “de manera forzosa”

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Delegación de Baleares, denuncia la absoluta inacción de la Administración para tratar de poner solución al "gravísimo problema" de acceso a la vivienda que sufre la población residente en general y aún más los funcionarios que vienen destinados a la Comunidad Autónoma de Baleares, quienes no encuentran alojamiento digno a un precio razonable al que puedan hacer frente con sus retribuciones.

"La situación es más grave para los agentes que cubren vacantes con carácter forzoso, por cuanto se ven obligados a incorporarse a su destino tras un ascenso, o tras realizar un curso de especialidad, sin querer venir aquí destinados y sin haberlo solicitado, por lo que se ven empujados a un auténtico calvario", detalla la asociación.

Señalan que, como ya sucedió el año pasado y ante la imposibilidad de encontrar una vivienda asequible donde alojarse, hay agentes que "optan por usar su vehículo particular como vivienda improvisada".

"Esta dramática e indigna situación pone en peligro la salud mental de los funcionarios de la Guardia Civil, lo que implica que un número indeterminado de ellos puedan terminar afectados por una situación involuntaria e indeseada que les impida desempeñar su trabajo, lo que conllevaría, además, una merma de efectivos que podría comprometer la seguridad ciudadana en Baleares, especialmente en aquellas islas y municipios donde la carestía de la vivienda de alquiler es mayor", prosiguen.

Informan de que cada año vienen" destinados con carácter forzoso" un número variable de agentes, pero este año, Baleares se ha convertido en "un destino de castigo" al cual casi "nadie quiere venir voluntariamente y los que llegan forzosos, se marcharán a la mínima oportunidad".

En las últimas semanas, la Delegación de AUGC Baleares ha recibido llamadas de más de 40 agentes angustiados al no poder afrontar los disparatados precios de la vivienda de alquiler o de la oferta hotelera, a quienes la situación aboca a situación de estrés y ansiedad incompatibles con el normal desempeño de las funciones encomendadas a la Guardia Civil.

"Esto sólo es la punta del iceberg, pues la situación será crítica en verano, cuando lleguen los agentes de prácticas tras salir de las academias, para continuar su periodo de formación. Los precios, ya de por sí inasumibles, entrada la temporada estival serán prohibitivos", alertan"

Además, la gran mayoría de agentes que vienen forzosos, tienen familias a su cargo, de las que en algunos casos debe separarse y costear dos viviendas, "con el brutal perjuicio económico que eso conlleva, del todo inasumible para la inmensa mayoría de agentes, que se ven sin el apoyo de su familia y sin casa".

Ya en febrero de 2022 esta Asociación Profesional reclamó la modificación de la Ley de Personal de la Guardia Civil para que Baleares sea declarada destino de carácter preferente y que deje de ser un destino de paso. A día de hoy esta reforma se encuentra "en vía muerta" en la Dirección General de la Guardia Civil, por "falta de voluntad política".

"Ya estamos en 2023 y por parte de las autoridades estatales y autonómicas no se ha puesto ninguna solución a esta problemática que supone un riesgo para la seguridad ciudadana. Seguimos sin declarar Baleares como territorio de especial singularidad, no se aumenta el complemento de insularidad, no se proporciona vivienda a los funcionarios y se aboca a este colectivo profesional al colapso", concluyen.