Varias familias llevan al Govern ante la Justicia por impedir que sus hijos estudien en castellano

Cuatro familias de Baleares llevan al Govern ante la Justicia por impedir que sus hijos estudien en castellano.

Se trata de las familias que solicitaron en marzo al director de un centro que cumpliera con lo exigido por la jurisprudencia y permitieran que sus hijos y el resto de los alumnos recibieran en castellano, también en catalán, al menos el 25 por ciento del horario lectivo y en al menos en un área, materia o asignatura no lingüística troncal o de carácter análogo.

Ante la negativa de la dirección a satisfacer sus derechos, interpusieron recurso de alzada ante la Conselleria de Educación en distintas fechas del mes de marzo y abril.

La Conselleria de Educación dictó resolución el 21 de abril de 2022 negando el derecho de las familias, invocando un informe de la Inspección Educativa que no adjuntó a la resolución e invocando leyes y normas que, al contrario de lo expresado por la Conselleria, amparan el derecho de las familias a recibir también enseñanza en castellano.

El 27 de junio de 2022 las cuatro familias interpusieron recurso administrativo, que finalmente fue admitido, acumulando en un solo recurso, por el TSJIB el 30 de junio de 2022, siendo comunicado el 4 de julio de 2022.

"En la cola ya están muchas otras familias, aún en una de las dos fases administrativas previas al contencioso, la fase de solicitud al centro y la fase de recurso de alzada ante la Conselleria. Hay que reconocer el valor de todas estas familias que para exigir satisfacción de derechos deben enfrentarse en un largo recorrido de obstáculos ante la poderos administración, que demuestra estar para obstaculizar e impedir derechos, no para satisfacerlos. Por si fuera poco, además han de hacerse cargo de los gastos inherentes a un juicio, contratación de apoderado y abogado, en plena época de crisis económica y contra la administración, que cuenta con ingentes recursos económicos y humanos", indican desde PLIS. 

Este primer contencioso es resultado de la campaña de información a las puertas de los colegios llevada a cabo por el sindicato PLIS y SCB a lo largo de febrero y marzo de 2022, campaña muy bien acogida por la mayor parte de los padres, que no entienden que en Baleares no se impartan clases en los dos idiomas oficiales, siendo obligados los alumnos a recibir clases exclusivamente en catalán, algo que no ocurre en ninguna parte del mundo donde además de la lengua oficial del estado existen lenguas regionales.

PLIS y SCB confían en que la justicia compruebe que el sistema de conjunción lingüística de Baleares, que admite por ley un porcentaje mínimo de enseñanzas en catalán (50%), y que ha desembocado en que casi todos los proyectos lingüísticos de Baleares hayan aprobado inmersión en catalán al 100%, debe compatibilizarse con el porcentaje mínimo de enseñanzas en castellano que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido.

"El Govern balear no puede invocar, como ha hecho el Gobierno y el Parlament catalán, que los proyectos lingüísticos no deben establecer porcentajes de enseñanza en las dos lenguas oficiales, por el mero hecho de que la ley 1/2022 de educación de Baleares y el decreto 92/1997, o decreto de mínimos, establecen la necesidad de un porcentaje mínimo para el catalán, sin establecer un porcentaje máximo, por lo que tanto la ley como el decreto deben interpretarse en armonía con la jurisprudencia, que dicta un mínimo del 25% para las dos lenguas oficiales. Es decir, todo proyecto lingüístico que supere el 75% del horario lectivo en catalán es ilegal y nulo de pleno derecho"