La organizadora del Palma Pride Week anuncia acciones legales contra Cort

Ella Global Community, empresa organizadora del Palma Pride Week, ha anunciado que interpondrá acciones legales contra el Ayuntamiento de Palma y todos los responsables de la cancelación del evento "por los daños y perjuicios causados".

"Estamos asombrados de la mala gestión pública que se ha hecho en este asunto y de cómo se ha tergiversado y actuado interesadamente a costa de nosotros y de los derechos de los ciudadanos de Palma, así como del acoso constante que hemos tenido que sufrir y sufrimos debido a sus disputas políticas, con las que nada tenemos que ver", han manifestado en un comunicado.

En este punto, han recordado que la asociación expresó su intención de llevar a cabo una celebración del Orgullo en 2019 justo antes de la pandemia. "Por este motivo, ya en 2022, el área de Sonia Vivas realizó una reunión con las entidades para pedir que se organizasen para poder reivindicar los derechos LGTBI", han continuado.

Una reunión que, bajo su juicio, finalizó "abruptamente por el abandono de Ben Amics, que no quería compartir las fechas con ninguna otra entidad". Posteriormente, a mediados de abril, se les informó de la posibilidad organizar el Pride.

"Desde esa fecha hemos cumplido con todos los plazos de entrega, presentando todas las peticiones formalmente y habiendo obtenido autorización de todo lo solicitado", han reiterado.

Asimismo, han hecho referencia a la repartición de gastos para el evento, indicando que se financiaba parcialmente con dinero público pero que la CEO y fundadora de Ella Global Community, Kristin Hansen, tuvo que aportar hasta 100.000 euros de fondo privado "para que toda la preparación del evento se realizara completa y correctamente".

"Nos vemos abocados a deshacer de la mejor manera todo lo trabajado, para que tanto proveedores, artistas, trabajadores, pymes y otros colaboradores se vean lo menos afectados posible, puesto que muchos de ellos también llevaban semanas invirtiendo tiempo y dinero para el desempeño de un evento que ya estaba autorizado por el mismo gobierno que ahora lo cancela de forma injusta y presuntamente fraudulenta".

Por ello, han anunciado su "intención de llegar hasta el fondo del asunto en sede judicial y pedir todas las responsabilidades oportunas".