La Fiscalía pide el indulto parcial para la expresidenta de Infancia Libre que sustrajo a su hijo

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido el indulto parcial para la expresidenta de Infancia Libre María Sevilla, que sustrajo a su hijo.

La Fiscalía ha remitido un escrito al Juzgado de lo Penal número 2, encargado de ejecutorias, en el que informa a favor de la concesión del indulto parcial a María Sevilla, condenada a dos años y cuatro meses de prisión por hacer desaparecer a su hijo en 2017 y no entregarlo a su padre por orden judicial.

Sevilla solicitó el pasado 31 de diciembre un indulto ante el Ministerio de Justicia firmado por varias asociaciones feministas con la finalidad de librarse de entrar en la cárcel.

Un mes después, el Juzgado de lo Penal número 2 denegó suspender su ingreso en prisión al no arrepentirse de los hechos.

El Ministerio Público defiende ahora rebajar la pena de cárcel y fijarla "exclusivamente" en dos años de prisión al considerar que se trata del primer delito por el que Sevilla ha sido condenada, aunque se opone al indulto total por la "contumacia en impedir la relación entre padre e hijo" y en "desoír las resoluciones judiciales dictadas que la obligaban a facilitar y restablecer dicha relación".

En esta línea, la Fiscalía argumenta que no hay arrepentimiento por parte de Sevilla "en el sentido de reconocimiento expreso y claro" en relación con los hechos objeto de condena y los perjuicios que con ella se han ocasionado al menor y al padre del mismo "al privarles de la posibilidad de relacionarse durante un prolongado periodo de tiempo".

En cualquier caso, la Fiscalía sí recuerda que la expresidenta de Infancia Libre "ha mostrado asumir sus responsabilidades abonando la cantidad fijada como responsabilidad civil en favor del perjudicado, e ingresando voluntariamente en centro de cumplimiento, encontrándose así a disposición judicial, y para no perjudicar las relaciones materno-filiales con su hija".

Así, recalca que existe un acatamiento de la legalidad conculcada y asunción de responsabilidades "que se evidencia al haber satisfecho las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia e ingresado voluntariamente en centro de cumplimiento".

En el juicio, que se celebró el pasado 1 de octubre, la Fiscalía de Madrid solicitó una pena de tres años y medio de prisión y otros cinco de inhabilitación de la patria potestad. La acusación particular en nombre de su exmarido elevó la solicitud a cuatro años y medio, mientras que su defensa solicitó la libre absolución.

Los agentes de la Policía Nacional que participaron en marzo de 2019 en su detención relataron en el plenario el estado en el que se encontraban sus dos hijos, a quienes tenía sin escolarizar ocultos en una finca de Villar de Cañas (Cuenca).

Para el Ministerio Público, las penas de dos años y cuatro meses de cárcel impuestas son las legalmente previstas para estos casos, "y han sido motivadas y justificadas en su duración por las autoridades judiciales, sin que se aprecie desproporción entre los hechos penados y las consecuencias punitivas fijadas".

EFECTO NEGATIVO EN SU OTRA HIJA

Aún así, la Fiscalía recalca que "la estricta observancia de la pena privativa de libertad impuesta podría conllevar una grave consecuencia en las relaciones materno-filiales respecto de la otra hija de la penada, que pudiera incidir negativamente en su desarrollo afectivo emocional".

Sobre la pena de privación de la patria potestad por el tiempo de cuatro años, desde el Ministerio Público se recalca que "es la mínima aplicable" y la considera adecuada "en tanto que cuando concluya el cumplimiento de la misma el menor ya será mayor de edad".

Por último, el Ministerio Fiscal afirma que no concurren razones de equidad o utilidad pública que pudieran justificar la concesión del indulto total tanto por motivos de prevención especial, "en tanto el cumplimiento de la pena pretende la restauración de la paz social conmocionada por la comisión de un delito, finalidad perseguida por cualquier sistema penal democrático", como por motivos de prevención general, "evitando una sensación pública de impunidad que aliente la comisión de nuevos delitos".

"Máxime", alega, "cuando a raíz de estos hechos y otros similares, parece que en la sociedad civil se están alentando campañas como la llamada 'Yo también lo haría', de la que se hace eco la prensa, y que parecen fomentar actuaciones similares". De ahí que se pronuncie a favor de un indulto parcial "con mantenimiento del resto de disposiciones de la sentencia firme en su día dictada".

En la vista, la acusada explicó que en febrero de 2017 abandonó el domicilio al tener la custodia del hijo que tuvo con su exmarido, manifestando que no tenía constancia del auto por el que un juez la obligaba a entregar al pequeño.

Según su versión, no se le notificó la resolución. Además, hizo alusión a varios informes médicos de la Seguridad Social que desaconsejaran que el pequeño estuvieran con su padre.