El Govern bloquea todas las plazas turísticas en la nueva ley de Turismo de Baleares

El Consell de Govern ha aprobado este viernes la nueva ley de Turismo de Baleares que, entre otras medidas, contempla el bloqueo de todas las plazas turísticas, vacacionales y hoteleras de las islas.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la presidenta del Govern, Francina Armengol, que ha explicado que la norma se ha aprobado por decreto, pero que se tramitará como proyecto de ley para que puedan introducirse mejoras.

La presidenta ha resaltado la necesidad de que la mejora del modelo turístico apueste por la calidad más que por la cantidad. La norma incluye una congelación de nuevas plazas turísticas para los próximos cuatro años para “mejorar la calidad de vida de los residentes y la experiencia turística de los visitantes”.

Así, durante este tiempo no podrán comprarse nuevas plazas de las bolsas de Mallorca, Eivissa y Formentera. En el caso de Menorca, que no tiene bolsa de plazas, se aplica la congelación para una nueva oferta. Durante estos cuatro años, los Consells insulares podrán determinar, a través de sus planes territoriales insulares, si se recuperan esas plazas o se dejan extinguir.

Esta nueva normativa prevé, por lo tanto, un decrecimiento de plazas, un hecho que la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha definido durante la presentación del decreto como un camino «hacia el equilibrio y la sostenibilidad ambiental, social y económica».

Esta moratoria afecta a las plazas hoteleras y a las de alquiler turístico, que en el caso de las bolsas de Mallorca, Eivissa y Formentera ahora mismo suman un total de 18.718, de las cuales 8.486 corresponden a Mallorca, 7.000 a Eivissa y 3.232 a Formentera.

La presidenta ha explicado que este decreto ley, que no solo se convalidará en el Parlamento, sino que también se tramitará como proyecto de ley y estará abierto a las aportaciones de todos los grupos parlamentarios, tiene como objetivo que las Islas Baleares “continúen en la vanguardia del turismo”, siendo “el primer destino turístico circular del mundo» y un destino «referente en cuidar a los trabajadores, que son quienes nos hacen ser líderes en turismo”.

60 millones de euros de inversión

Según explican desde el Govern, la nueva normativa autonómica de turismo conllevará una inversión pública de 60 millones de euros en ayudas al sector y supondrá un avance hacia la circularidad, con el objetivo de convertir al turismo en un motor de impactos positivos en toda la sociedad y en el medio ambiente, en torno a una sostenibilidad entendida en una triple vertiente: social, económica y medioambiental.

En cuanto a la sostenibilidad social y económica, la norma establece como punto de partida la calidad del empleo y la calidad de vida de las personas, con medidas que hacen que el turismo sea también sostenible en lo social.

En este sentido, se aumentará la protección a las camareras de piso, un colectivo muy afectado por la siniestralidad laboral. Desde el año 2023, los establecimientos de las islas deberán instalar camas elevables (mecánicas o eléctricas) para facilitar su trabajo, una medida que implica renovar 300.000 camas y de la que se beneficiarán más de 20.000 camareras de piso. Los establecimientos dispondrán de 6 años para adaptarse a la normativa.

La circularidad abarcará aspectos como la alimentación, el uso y cuidado del agua, los residuos o las energías limpias. Entre las directrices que establecerá en torno a estas cuestiones, en el ámbito de la alimentación se prohibirá la utilización de especies clasificadas dentro de categorías amenazadas y se establecerá como obligatoria la trazabilidad del pescado y del marisco de origen balear.

En cuanto a la energía, se obligará a los establecimientos turísticos a cambiar las calderas fuel oil por otras de gas natural o eléctricas, emitiendo anualmente 57.600 kilos de CO2 menos por establecimiento.

Infracciones y sanciones

El nuevo texto legal establece un régimen sancionador en caso de incumplimientos o infracciones administrativas. Así, el incumplimiento en el plazo máximo establecido para la instalación de camas elevables será sancionado con 500 euros por cada cama no instalada.

El resto de las infracciones, como por ejemplo incumplir la obligación de eliminar las instalaciones térmicas, no disponer de doble pulsador en los inodoros o hacer uso de especies clasificadas como amenazadas para el consumo alimentario, serán sancionadas con multas de entre 4.000 y 40.000 euros.