Detienen al dueño y a dos empleados de un restaurante de Palma por falsificar su identidad

Agentes de la Policía Nacional han detenido al dueño de un restaurante de Palma y a dos de sus trabajadores -de 22, 30 y 42 años- por falsificar la documentación identificativa de los dos empleados para simular que estos contaban con residencia legal en España. 

En concreto, la investigación se inició por parte de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) en colaboración con la unidad de Rayos de Seguridad Ciudadana, a raíz de una inspección rutinaria realizada en un restaurante, en la que se identificó al dueño así como a dos trabajadores de origen indio, quienes manifestaron que no estaban en ese momento en posesión de su documentación personal, identificándose ante los policías.

En una primera valoración, y comparando las características fisonómicas de los dos trabajadores allí presentes con las fotografías mostradas por éstos, todo apuntaba a que se habían identificado con la documentación de otras personas.

Al revestir lo anterior de carácter de delito por usurpar la identidad de otros trabajadores que se encontraban con residencia legal en España se procedió a la detención de ambos por su presunta participación de los delitos de falsedad documental así como por infracción a la Ley de Extranjería.

Los agentes procedieron asimismo a la detención del dueño del establecimiento, también de nacionalidad india, al ser la persona que indicó a los trabajadores que ante una inspección policial debían proceder identificándose con la documentación de otras personas con características físicas similares y que se encontraban con residencia legal en España. El propietario del local fue, además, la persona que consiguió dicha documentación, utilizándola sin conocimiento de estas personas.

En concreto, el hombre de 30 años fue detenido el pasado 18 de enero y los otros dos el pasado lunes.

Debido a estos hechos, el empresario, además de someterse al procedimiento penal, puede enfrentarse a una multa de 10.000 euros por cada persona contratada de forma irregular.