Cinco nuevos detenidos por falsificar la entrega de las multas de tráfico en Palma

Redacción | 21/02/2022

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido por falsificación a cuatro trabajadores y a la máxima responsable de una empresa postal encargada de notificar las sanciones de tráfico de Palma.

En total se habrían falsificado 23 notificaciones distintas entre comienzos de 2020 y el otoño de 2021. La colaboración de Cort y la implementación de medidas para impedir nuevos hechos fue clave a la hora de poner fin a las irregularidades.

La Comisaría de Distrito Centro ha concluido así la denominada Operación Strogoff, en la que se investigaba a diversos repartidores de correo por abrir notificaciones dirigidas a ciudadanos de Palma multados por el área de tráfico del Ayuntamiento y luego, con los datos que contenían, falsificaban los justificantes de entrega.

Se trata de unos hechos que han supuesto un quebranto importante a los ciudadanos porque, al constar como notificados sin saberlo y dejar pasar los plazos para pagar, han visto cómo sus multas se duplicaban e incluso triplicaban según los casos.

La investigación se inició el pasado otoño y se produjo la detención de una persona el pasado mes de noviembre. Sin embargo, en los meses siguientes se recibieron nuevas denuncias que han dado lugar a estos cuatro últimos arrestos.

EL TOTAL DE PERJUDICADOS ASCIENDE A 23 PERSONAS

La mayoría han sufrido estas irregularidades en una sola notificación, pero algunos de ellos, que habían sido multados en dos e incluso tres ocasiones, han visto cómo las falsedades se reiteraban en otras tantas ocasiones.

Se ha podido demostrar hasta un total de 23 casos en los que se han abierto las cartas y falseado los acuses de recibo, aunque se sospecha que la cifra pudiera ser bastante mayor al haber pagado los ciudadanos afectados las sanciones y no efectuar denuncia o reclamación alguna.

El procedimiento de notificación estaba regulado y sujeto a un férreo control por parte del Ayuntamiento, que exigía una serie de datos en cada notificación que buscaban garantizar la imposibilidad de que hubiera irregularidades y asegurase la legalidad de todo el procedimiento.

No obstante, esas medidas, que implicaban el uso de dispositivos electrónicos que registraban con exactitud la hora y lugar en que se realizaban las notificaciones e identificaban al empleado responsable, estaban pensadas en parte para evitar que ciudadanos notificados correctamente alegasen irregularidades en el proceso y no pagasen las sanciones.

Las medidas tenían una laguna, ya que si el repartidor decidía falsear una notificación, podía hacerlo abriendo la carta, anotando en el dispositivo electrónico los datos que contenía, y luego falsificando la firma del receptor.

Estos hechos suponen por un lado un delito contra la intimidad al violentarse el correo, y una falsedad documental posterior, hechos con una sanción penal importante que sorprendió a los repartidores detenidos, que no parecían ser conscientes de la gravedad de los hechos.

POSIBLE COBRO DE COMISIONES

Con respecto a los motivos para llevar a cabo tales acciones, los agentes estiman que podría tener por objeto cobrar comisiones que abonaba la empresa cuando el porcentaje de notificaciones entregadas era elevado, y que complementaban los sueldos de los repartidores, que eran muy modestos -poco mayores que el salario mínimo-.

En principio, desde el área de multas del Ayuntamiento también se sorprendieron de los hechos, puesto que Cort abona una cuantía fija por cada notificación realizada, tanto si es positiva como si no se logra entregar, en cuyo caso se vuelve a intentar, con arreglo a la ley vigente, acudiendo dos veces más al domicilio en distintos horarios y dejando un aviso al receptor.

Asimismo, la empresa, además de las medidas internas de control, tenía subcontratado lo que se conoce como cómplice penal (un conjunto de acciones destinadas a impedir la comisión de delitos por cuenta de la compañía) con una empresa especializada. Sin embargo, todo esto no sirvió para evitar las irregularidades investigadas a raíz tanto de las denuncias presentadas por los perjudicados ante la Policía como de las reclamaciones en las que se alegaban falsificaciones de firmas hechas en el Ayuntamiento.

Desde la Policía Nacional destacan, en cualquier caso, que se trata de un porcentaje ínfimo de hechos en comparación con el volumen de notificaciones que realiza la empresa en Palma, superior a las 300.000 cada año, y cuyo funcionamiento sería por lo general adecuado, salvo por acciones concretas de unos pocos empleados.

El Ayuntamiento, una vez que comenzó a tener sospechas de estas ilegalidades a raíz de algunas reclamaciones recibidas, no solo ha colaborado con la Policía Nacional para esclarecer los hechos sino que ha adoptado nuevas medidas en relación con el contenido de las notificaciones, lo que ha imposibilitado, desde el pasado mes de octubre, que se hayan producido nuevos hechos.

La empresa, por su parte, que podría tener que asumir responsabilidades por las acciones de sus ya exempleados, se ha personado como acusación particular en la causa.

Una vez finalizada la investigación se ha procedido a la detención de los cuatro extrabajadores como presuntos autores de un delito contra la intimidad y otro de falsedad documental. El pasado mes de noviembre ya fue detenido otro empleado como presunto autor de estos hechos, por lo que el número total de arrestados suma cinco. La investigación continúa abierta ya que no se descarta la aparición de nuevas víctimas.

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Comentarios

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  • Margarita - Febrero 21, 2022 a las 21:21
    A mi me paso y la jefatura de san ferran no Dan su brazo a torcer después de que le he demostrado que yo no firme esa carta de correos. He pagado el triple de la multa. Sin comentariosResponder 2
  • Andrechu - Febrero 21, 2022 a las 17:24
    Eso me pasó a mi hace un par de años, y yo pensando que era un error de mi memoriaResponder 1
  • Ma - Febrero 21, 2022 a las 16:19
    No entiendo por qué el ayuntamiento contrata a una empresa privada para notificar las multas cuando este servicio lo realiza Correos con carta certificada. A qué se debe esta contratación de este servicio con coste extra para los ciudadanos? Urge una investigación al Ayuntamiento.Responder 15
      Morgana - Febrero 22, 2022 a las 07:44
    Tampoco los empleados de Correos son de fiar!!Responder 2
  • Lucas - Febrero 21, 2022 a las 15:28
    Qué desastre. Así funcionan también las empresas privadas, para que vean ustedes que no siempre el malo es el funcionario.Responder 6
  • Hipócrates - Febrero 21, 2022 a las 14:06
    En última instancia la culpa es del ayuntamiento por subcontratar este servicio a una explotadora privada. No sea que se cansen andando sus funcionarios o los de Correos.Responder 11
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