Alertan de los problemas de inseguridad en las áreas rurales de Baleares ante la falta de guardias civiles

La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), que se incorporó como mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil constituido el pasado mes de noviembre, ha realizado balance de 2021, un periodo que considera "plagado de insatisfacciones" y que, en el caso de Baleares, se concreta en la ausencia de agentes. De hecho, desde JUCIL consideran que la falta de 314 guardias civiles "ahonda los problemas de seguridad en áreas rurales" de las islas. 

De acuerdo a los datos de JUCIL, el porcentaje de plantilla vacante en Baleares es del 5,1% del total previsto, uno de los más bajos del conjunto de España. Sin embargo, las especiales condiciones y características geográficas de esta comunidad autónoma, y de forma más específica su insularidad, "impone unas específicas exigencias para el cumplimiento de los servicios asignados a la Guardia Civil".

“Unos y otros han sido cómplices de la inacción por no aportar soluciones en diversas materias. 2021, un año perdido para los 80.000 compañeros de la Guardia Civil", ha señalado el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño. “Tampoco se ha logrado ningún avance en nuestro principal objetivo, la equiparación salarial con otros cuerpos policiales autonómicos”, ha resaltado.

“Pero estamos aquí para recordar que hay brechas salariales que coser y derechos que reclamar en una entidad muy bien valorada por la sociedad pero abandonada, discriminada desde hace décadas por los gobernantes”, ha afirmado el líder de esta asociación profesional.

Para JUCIL, es "imprescindible" que la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, refuerce las plantillas, adaptándolas a las singularidades de la España vaciada.

“Por ejemplo, ¿cómo se actúa en el medio rural ante un caso de violencia de género?", se ha preguntado el secretario general de JUCIL. “¿Qué acciones de prevención y de respuesta se pueden poner en marcha ante la falta de efectivos? La Guardia Civil es responsable de la seguridad de miles de municipios en un entorno caracterizado por el envejecimiento y por la despoblación”, ha recordado Vilariño.

En esta línea, Vilariño ha avanzado que propondrán un estudio que contemple la reestructuración del despliegue territorial de la Guardia Civil a través de un modelo más eficiente, pensado en la idoneidad de contar con puestos en cada cabecera de comarca, con servicio las 24 horas al día y con más efectivos.

“Nos preocupa -ha añadido- que los guardias civiles que prestan servicios en el medio rural acaban considerando estos destinos un lugar de paso, hasta que obtienen plaza en capitales de provincia”. “Hay que incentivar no solo con una cuantía económica, sino también con el reconocimiento de su esfuerzo con una mayor puntuación o mediante condecoraciones por el servicio prestado y así retener más tiempo a los compañeros en la España vaciada”, ha propuesto.

La reducción en el número de efectivos, incide en este sentido, ahonda la despoblación en aquellos rincones de España donde la cifra de guardias civiles es inferior a la prevista en la actual plantilla. Según explica, el total de vacantes supera las 10.000 en el conjunto de la geografía española, pero "se hace especialmente agudo en áreas rurales donde esta carencia genera un incremento del grado de inseguridad de los bienes y propiedades de los residentes en los miles de pequeños núcleos urbanos en los que, en muchas ocasiones, los guardias civiles son más que servidores del orden público para convertirse en carteros, acompañantes, visitantes diarios o repartidores de medicamentos y de un rato de compañía".

"La falta de efectivos dificulta una de las más importantes labores de la Guardia Civil, la de prevención del delito y de sus consecuencias en estos espacios escasamente poblados", recalca.

PLAN DE PREVENCIÓN DE SUICIDIOS

Por otra parte, la primera reunión del año en el Consejo de la Guardia Civil la afrontará JUCIL con una petición para que de manera urgente se despliegue en la plantilla un Plan de prevención de suicidios que acabe con una sangría que a lo largo del año se llevó a 17 agentes. “Una cifra dramática. Debe aplicarse con urgencia un cambio de actitud que ayude de manera eficiente y efectiva a los afectados a salir de esta situación”, ha explicado Viñariño.

“Las medidas adoptadas han demostrado que no son suficientes para impedir que haya compañeros que no vean más futuro. Hay que modificar los protocolos, facilitar la instalación de armeros en las dependencias y ofrecer ayuda a quienes la necesitan. En esta familia nadie lucha solo y nadie debe sentirse tan abandonado como para no encontrar una solución mejor a la que tristemente terminan por tomar”, ha afirmado el secretario general.

Finalmente, Vilariño ha enumerado algunas otras iniciativas que JUCIL tras su entrada en el Consejo de la Guardia Civil: “Seguimos sin disponer de chalecos antibalas individuales, incluso en momentos de pandemia tenemos que compartir estos elementos, durante el 2021 reclamamos fundas antihurto para nuestras armas y lo seguiremos reivindicando, al igual que cámaras unipersonales que graben nuestras intervenciones y, entre otras muchas cosas, un cambio normativo que retire definitivamente la anticuada aplicación del Código Penal Militar a nuestras actuaciones policiales y a nuestra vida civil”, ha concluido Ernesto Vilariño.