22 perros utilizados en peleas ilegales en Madrid murieron por condiciones insalubres

EP | 08/03/2022

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El macrojuicio contra la red de peleas de perros desmantelada en 2017 ha destapado que veintidós canes intervenidos en la finca del supuesto cabecilla en el municipio madrileño de Batres murieron por enfermedad o por eutanasia por las malas condiciones de insalubridad.

Los perros fallecidos se suman a los animales que perecieron en los combates o en manos de los acusados, según el fiscal, "cuando ya no les eran de utilidad para sus fines". La Guardia Civil halló entonces un vertedero al lado de una de las fincas con huesos de canes y en una de las fiestas donde se celebraron combates, dos animales fallecidos "aún calientes" en bolsas de plástico, según han indicado fuentes jurídicas.

El fiscal alcanzó ayer un acuerdo individual con 19 de los 23 acusados ante el reconocimientos de hechos y que implicará la aplicación de atenuantes como dilaciones indebidas. Entre los encausados figuran un policía local, varios veterinarios y criadores de perros de raza potencialmente agresivas.

Entre los que no pactaban, figuraban dos veterinarios al implicar la condena la inhabilitación para ejercer su profesión. Tampoco alcanzó ayer un acuerdo Rafael R., considerado por los investigadores como uno de los presuntos cabecillas de la red. Hoy sí ha querido sumarse a los pactos y ha reconocido que vendía perros para peleas.

En cambio su hija, Ana María R., no ha querido pactar y su defensa ha planteado en la fase de cuestiones previas la nulidad de la causa al considerar que no se motivó el auto de intervenciones telefónicas, alegando que el delito de maltrato animal no es de tal gravedad como para autorizar dicha diligencia.

Su letrado también ha hablado de nulidad de los actuaciones en relación a la cadena de custodia de los perros incautados durante la entrada y registro de la finca de Batres.

Lo ha planteado después de que la acusación popular que representa a la asociación Salvando Ángeles sin Alas (S.A.S.A.) haya apuntado que de esa veintena de perros fallecidos, tres estarían vivos, un extremo que sembraría dudas respecto a los que sí perecieron según las acusaciones.

SOLO SOSPECHÓ EN UN CASO

El primer acusado en declarar ha sido Juan Carlos M., veterinario de Santa Cruz de Tenerife y acusado de atender a perros heridos en los combates ilegales. Según la fiscal, suministraba medicamentos y extendía recetas de sustancias dopantes para aumentar la agresividad de los animales.

Juan Carlos M. tenía como clientes a al menos tres de los procesados, entre ellos el policía local de Adeje (Tenerife) implicado y el resto de criadores de perros de razas como presa canaria.

"En 2013 hubo una actuación que me hizo sospechar. Vinieron con un perro mordido y dijeron que se había perdido en una finca y le habían mordido. Nunca más volvió a venir un perro herido ni tuve más sospechas", ha señalado a preguntas de la fiscal.

El encausado ha dicho que extendía recetas de fármacos como cortisona para tratar enfermedades como la sarna pero nunca sustancias dopantes como anabolizantes, indicando que no tenía constancia de ese extremo.

"Los perros venían con patologías normales como diarreas. Solo en el caso de 2013, vino un perro con una herida abierta", ha detallado y ha insistido en que nunca tuvo conocimiento de celebración de unas fiestas en las que se celebraban los combates.

A preguntas sobre qué piensa de los acusados, el encausado ha subrayado que "siente engañado" al considerar que se pudieron aprovechar de él para "conseguir algo" para sus fines. "No entiendo que se me implique porque siempre he actuado de otra manera y tengo un prestigio", ha recalcado.

Por su parte, la hija del supuesto cabecilla ha negado que participara en la organización en Madrid de peleas de perros o en las denominadas 'topas' --enfrentamientos previos a los combates--. También se ha opuesto a que administrara medicamentos o anabolizantes.

"Nunca he visto perros heridos", ha recalcado apuntando que solo ayudaba en la cría de los perros de su padre. Además, ha dicho que no sabe por qué once de los perros incautados en la finca de Batres murieron poco después de la entrada y registro por el mal estado de salud. "Se trataba muy bien a los perros", ha recalcado.

De igual modo, ha señalado que nunca vio el supuesto ring que tenía su padre en la finca, indicando que no sabía que su padre pertenecía a una red criminal, tal y como ha reconocido hoy. "Era un criador de perros que vendía al extranjero", ha subrayado.

PENAS DE ENTRE TRES Y SIETE AÑOS DE CÁRCEL

El fiscal solicita penas de entre tres y siete años de cárcel por delitos de pertenencia a organización criminal, maltrato animal y omisión de la obligación de perseguir delitos, según los casos y que sumaban un total de 102 años. En la causa están como acusación popular Podemos y la Asociación Salvando Ángeles Sin Alas.

La red fue desarticulada en 2017 en un operativo llevado a cabo por la Policía Nacional en Madrid, Alicante, Murcia, Tenerife y Andalucía. Los agentes rescataron a 230 perros potencialmente peligrosos preparados para participar en peleas de perros.

La investigación arrancó después de que agentes irrumpieron en un evento que se celebraba en Tenerife y en el que estaban previstas cuatro peleas ilegales, organizadas por un grupo criminal que suministraba anabolizantes a los canes y que se financiaba con el tráfico de estupefacientes.

En la Comunidad de Madrid, operaban seis de los procesados, con los apodados como 'Rafa' --el "maestro"-- y 'Profe' como líderes principales, así como un veterinario que colaboraba con la organización.

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Comentarios

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  • Hay se pudran - Marzo 08, 2022 a las 15:40
    En vez de condena de prision yo los condenaba a muerte a todos los acusados y sin posibilidad de defenderse al igual que no tuvieron eleccion esos pobres perros. No hay derechoResponder 3
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