Subirán alega "incapacidad" médica para declarar ante el TSJIB y pide que se le examine

El exfiscal Miguel Ángel Subirán ha puesto de manifiesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que no se halla en situación de poder declarar el próximo 15 de abril -fecha en la que ha sido citado junto al juez Manuel Penalva y los cuatro policías de Blanqueo con los que colaboraban al frente del caso Cursach- debido a su situación médica. Subirán alega que la comparecencia judicial podría, además, "empeorar su estado".

Mediante un escrito presentado ante el magistrado Carlos Gómez, quien les citó a declarar como investigados con el objetivo de esclarecer si aleccionaron a testigos con el objetivo de reforzar sus tesis en torno a una presunta trama policial dirigida a favorecer al grupo Cursach a cambio de dinero, drogas y sexo, el exfiscal se ampara en los informes médicos que dieron pie a su jubilación anticipada forzosa, a los 59 años, por "incapacidad”.

Aunque el exjurista se muestra consciente de que podría acogerse a su derecho de no declarar, asevera que no es esta la circunstancia en la que se encuentra ya que sí tiene interés en prestar declaración. Por ello, para despejar cualquier tipo de duda, ha solicitado que se proceda a su exploración por parte de especialistas médicos con el objetivo de determinar si se encuentra en condiciones de ser interrogado. De estarlo, asegura que sí comparecerá en dependencias judiciales.

Tras recibir el escrito, Gómez ha solicitado mediante una providencia que, a la mayor brevedad posible, se proceda al examen de Subirán por parte de un médico forense con la finalidad de que valore su capacidad para declarar y "para entender la trascendencia del proceso, incluido un eventual juicio oral".

Cabe recordar que en junio de 2020 el Ministerio de Justicia declaró la jubilación del exacusador público, si bien previamente, en octubre de 2021, fue apartado de su cargo en la Fiscalía Anticorrupción, que ocupaba de forma temporal. Subirán fue designado fiscal delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en virtud de un decreto del fiscal general del Estado de mayo de 2010.

Desde entonces, Subirán estuvo presente en la instrucción de las numerosas causas de corrupción incoadas en Baleares, entre ellas el caso Nóos, Palma Arena, Ibatur, Relámpago, Picnic, Voltor o Maquillaje, con la mirada especialmente puesta en el desvío de fondos públicos y en la criminalidad organizada.

Con la citación de Penalva, Subirán, los cuatro policías y uno de los testigos protegidos del caso Cursach -el 26- de cara a mediados de abril, Gómez dio respuesta al requerimiento efectuado por la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB, que ordenó citar como encausados a todos ellos a fin de aclarar si el anterior testigo fue inducido a declarar "sobre extremos desconocidos para él" o si "simplemente buscaba engañar con mentiras a los investigadores para beneficiarse de algún modo en la causa sobre el trile en la que era investigado".

En concreto, se trata de un trilero a quien, supuestamente, utilizaron Penalva y Subirán para incriminar falsamente a varios policías locales de Palma -a quienes en realidad no conocía- en un supuesto entramado mafioso urdido con el objetivo de proteger los intereses del empresario del ocio Bartolomé Cursach.

Penalva y Subirán defienden su instrucción

Frente a tales acusaciones, Penalva y Subirán defienden la instrucción que llevaron a cabo -que califican de "impecable"- y aseguran ser víctimas, además, de un complot dirigido a echar por tierra la labor indagatoria que realizaron durante cerca de tres años. Respecto a los testigos protegidos, aseguran que creían en la veracidad de sus afirmaciones y que en ningún momento ejercieron presión sobre ellos para que declarasen contra el empresario del ocio nocturno.

En uno de sus últimos escritos, la defensa de ambos juristas arremete, además, contra la postura que la Fiscalía Anticorrupción mantiene en el procedimiento judicial abierto contra ellos. Además de acusarla de sostener tesis "delirantes" contra ellos, denuncian que los fiscales de Madrid personados en la causa fundamenten sus alegatos en testimonios "inveraces e interesados y de omitir el interrogatorio de "todas aquellas personas que comprometerían seriamente su forzada tesis acusatoria".