El Parlament balear aprueba crear la figura del 'Agente COVID'

El Parlament balear ha validado este martes, en sesión plenaria, con 28 votos a favor --PSIB-PSOE, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca y El PI--, 16 en contra --PP y Vox-- y ocho abstenciones --Ciudadanos y Grupo Mixto--, el decreto ley de coordinación de policías locales, que permite crear la figura del 'Agente COVID'.

Según ha informado la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, el decreto ley 6/2021, de 9 de julio, que modifica la Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías locales, se aprobó por parte del Govern, "motivado por la necesidad y urgencia de establecer un marco normativo de apoyo a la Policía Local en hacer cumplir a la ciudadanía las medidas COVID".

Garrido ha lamentado que "durante las últimas semanas se ha podido ver como en Baleares se han producido situaciones no deseadas, que no representen el ejemplo de comportamiento que ha tenido la mayoría social de las Islas, pero que ponen en riesgo la salud pública y la economía de la comunidad autónoma".

Ante esto, ha señalado la consellera, "había que dar respuesta a esta situación y había que hacerlo de manera rápida y contundente, con el fin de conseguir, entre todos, frenar la expansión del virus y poder volver a buenas cifras sanitarias".

Por ello, el Govern aprobó el decreto ley que se ha validado este martes con el objetivo básico de establecer las medidas pertinentes que permitan estabilizar las plantillas de las policías locales de los ayuntamientos de Baleares y llevar a cabo los procesos selectivos del personal de nuevo ingreso a través del proceso unificado o bien mediante el proceso descentralizado coordinando la realización de los procesos, para poder hacer conjuntamente el curso de capacitación, que ha de impartir la Escuela Balear de Administraciones Públicas, con la colaboración de los ayuntamientos.

Asimismo, ha apuntado, se han establecido medidas extraordinarias para la selección de personal funcionario interino para prestar servicios en los ayuntamientos de las islas en el área de seguridad a la ciudadanía, que permitan atender necesidades urgentes ocasionadas por la crisis provocada por la COVID-19.

Se trata, ha concretado Garrido, de la creación de los 'Agentes COVID', "una medida extraordinaria que facilitará la selección de personal para atender servicios estratégicos y garantizar los servicios públicos".

Garrido ha explicado que "se configuran como agentes de autoridad, pero no son policías ni tienen vocación de serlo ni de suplir sus tareas", por lo que "tienen el objetivo de apoyar de manera temporal, hasta el 31 de diciembre del 2022, a los ayuntamientos, sobre todo en el control del cumplimiento de las ordenanzas municipales y de la normativa COVID".

Además, tal como ha explicado Garrido, "su creación responde a una demanda de los ayuntamientos de Baleares y de la Felib, tienen una clara condición de temporalidad, no son policías y no son la mejor solución, pero sí la que se podía poner en marcha de manera más inmediata".

Finalmente, Garrido ha puesto el énfasis en "el papel relevante que tienen las policías locales", a quienes ha querido agradecer su "profesionalidad para garantizar la seguridad de las personas".

PSIB, UNIDAS PODEMOS, MÉS Y EL PI VOTAN A FAVOR DEL DECRETO

El Grupo Socialista ha apoyado este decreto ley porque ha sido acordado con la Felib y aprobado "desde la responsabilidad ante un mal endémico como la falta de policías locales en Baleares", ha asegurado su diputada Pilar Carbonero, quien ha defendido que "tiene vías de solución, pese a que no sean las mejores", ya que, ha dicho, la mejor solución sería "eliminar del todo la tasa de reposición".

En esta línea, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Esperança Sans, ha considerado que "para acabar con el problema de falta de policías locales es necesario eliminar las tasas de reposición y trabajar hacia la estabilidad de las plantillas". "Ahora necesitamos aumentar el número de agentes en las calles para aligerar la carga de trabajo y por eso votamos sí" pero, a la vez, ha instado al Govern y a los ayuntamientos a trabajar de manera coordinada para llevar a cabo más procesos de oposición y formaciones.

También MÉS ha votado sí al decreto del Govern porque, según su diputado Joan Mas 'Collet, "plantea dos medidas que combinadas pueden suponer un buena solución a la falta de efectivos en las Policías Locales, aunque no sea la definitiva", que para el diputado debería ser una policía autonómica, la cual estuviera "basada en un modelo policial de proximidad, nada represivo y garante de la seguridad de los más débiles".

Igualmente, El PI, a través de su diputada Maria Antònia Sureda, ha expresado su apoyo al decreto ley porque es "una demanda de todos los municipios, cuya situación es desesperada, con plantillas bajos mínimos y sin poder dar cobertura a necesidades ciudadanas". Sin embargo, ha considerado que se trata de "un parche, que no soluciona el verdadero problema". Así, ha pedido "avanzar y ser previsores, apostando por una policía propia, porque el modelo vigente no es eficiente".

PP Y VOX ADVIERTEN QUE "SUPONDRÁ INDEFENSIÓN JURÍDICA"

Por otro lado, el PP ha votado no al decreto ley de coordinación de policías locales al considerar que "se trata de un ejemplo más de la incapacidad de gestión del Govern de Armengol", un ejecutivo, que ha asegurado "tiene las herramientas y las competencias, pero al que le falta compromiso, liderazgo y previsión".

En esta línea, el 'popular' José Luis Camps ha criticado "que no hayan sido capaces de convocar el Consejo de Coordinación de las Policías Locales". Y, ha lamentado que al final se haya validado un decreto que quiere otorgar a los 'Agentes Covid' capacidad para ejercer funciones propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que supondrá un aumento del intrusismo laboral, a la vez que indefensión jurídica".

También, Vox se ha mostrado contrario al decreto ley validado al considerar que lo que hace es "denigrar a los policías locales". Así, su diputado Sergio Rodríguez ha recordado al resto de la Cámara que "un policía no se improvisa, sino que es una persona que ha de tener una formación, pasar una oposición y unas prácticas, porque esto es lo que otorga seguridad jurídica".

CS Y GRUPO MIXTO SE ABSTIENEN

Mientras, Ciudadanos ha decidido abstenerse porque, ha explicado su portavoz parlamentaria, Patricia Guasp, "hay serias dudas de la cobertura legal de la figura del 'Agente COVID'" y porque, "este decreto es un apaño, que no aporta soluciones a medio y largo plazo".

Además, ha añadido Guasp, "este decreto y la policía autonómica no son la solución al problema, sino que existen otras, como por ejemplo la interlocución de la Delegación del Gobierno con el Ministerio de Interior, la contratación de seguridad privada, una indemnización por residencia acorde al coste de vida, liberar plazas de segunda actividad, entre otras".

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Josep Castells, ha advertido al Govern que su abstención se ha debido a una cuestión de "responsabilidad" dado el momento actual en el que se encuentra Baleares. Si bien, ha precisado que "en condiciones normales, este Grupo se opondría frontalmente al decreto, porque se está dando la condición de agentes de la autoridad a personas que no tienen la formación adecuada para dichas atribuciones".