Duro revés del TSJIB a su presidente: ordena citar a Penalva y Subirán como imputados por aleccionar a testigos en el caso Cursach

Esther Ballesteros | 15/03/2021

Duro revés del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) a la decisión de su propio presidente, Carlos Gómez, de exculpar al juez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán de las presuntas coacciones a las que sometieron a varios testigos protegidos durante la instrucción del caso Cursach. El órgano judicial ha acordado que, de nuevo, se cite a declarar como investigados a ambos juristas a raíz de esta supuesta inducción de testimonios, a los cuatro miembros del grupo de Blanqueo con los que trabajaron codo con codo y a los testigos a los que presuntamente aleccionaron para construir a la carta sus pesquisas.

No solo eso. La Sala de lo Civil y Penal de la máxima instancia judicial de Baleares ha revocado, por consiguiente, el auto con el que el pasado 1 de diciembre Gómez puso fin a la instrucción del procedimiento judicial y tumbó las acusaciones más graves que pesaban sobre los dos juristas -expuestas por la Policía Nacional en hasta un total de ocho informes-, dejándoles a las puertas del banquillo únicamente por revelación de secretos -por presuntamente filtrar información del caso Cursach cuando éste se encontraba bajo secreto de sumario- y omisión del deber de perseguir delitos.

La decisión generó una cascada de recursos por parte de las distintas acusaciones, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, que, bajo la consigna "quien instruye no puede juzgar", enumeraba de forma pormenorizada los indicios que apuntan a que Penalva y Subirán enviaron de forma "premeditada" a prisión a varios investigados -a pesar de que "no existía ninguno de los presupuestos que exige la Ley para acordarla"-, prorrogaron deliberadamente sus detenciones y dirigieron a varios testigos protegidos para que declarasen de acuerdo a sus tesis.

En su auto, al que ha tenido acceso Crónica Balear, la Sala justifica que la decisión adoptada respecto a la necesidad de citar de nuevo a Penalva y Subirán así como al resto de encausados -en lo que supone reactivar la instrucción de la causa-, provoca que la resolución con la que Gómez dio por cerradas las investigaciones queda "automáticamente sin efecto".

Los magistrados han estimado, en concreto, las impugnaciones de varias acusaciones que, a mediados del pasado año, se alzaron contra la decisión de Gómez de no investigar el papel ejercido por el conocido como testigo protegido 26 -condición procesal que deberá serle levantada de cara a su declaración como investigado- y de apartar de la causa un informe de la Policía Nacional -el número 7- que desgranaba las argucias que el testigo habría desplegado en connivencia con juez y exfiscal.

En concreto, se trata de un trilero a quien, supuestamente, utilizaron Penalva y Subirán para incriminar falsamente a varios policías locales de Palma -a quienes en realidad no conocía- en una trama dirigida a favorecer al grupo Cursach a cambio de dinero, drogas y sexo. La resolución, de 32 páginas, resalta, entre otros hechos, cómo durante su penúltima declaración, el testigo refirió aspectos relacionados con la discoteca Tito’s que en sus comparecencias anteriores no había mencionado, lo que, a juicio de la Sala, "facilita la sospecha de que no conocía estos datos, sino que le fueron sugeridos, o transmitidos, para posibilitar su declaración, reforzando así el bagaje incriminatorio".

Del mismo modo, los magistrados aluden a las fotografías que los antiguos investigadores le habrían mostrado al testigo a fin de que reconociese a los agentes que aparecían en ellas así como a los mensajes que durante esos días se enviaron en el chat que mantenían abierto en paralelo a la instrucción del caso Cursach: "Chicos que repasen las declaraciones y vean las fotos”; “El trilero que diga que a la mayoría los conoce del trile del Arenal"; “La mayoría los conoce sin necesidad de ver las fotos pero otras se las enseñamos nosotros", puede leerse en algunas de las conversaciones.

La Sala considera necesario practicar las diligencias de averiguación pertinentes para aclarar los "extremos sospechosos" acerca del convencimiento del juez o del entonces fiscal sobre la veracidad de lo declarado por el trilero y que, añade, "no es desde luego descartable en este momento". "Lo que se tratará de esclarecer ahora es si la actuación del testigo 26 simplemente buscaba engañar con mentiras a los investigadores para beneficiarse de algún modo en la causa sobre el trile en la que era investigado o si, en sentido distinto, pudo haber sido inducido o guiado para declarar sobre extremos desconocidos para él", precisan los magistrados.

EL TRILERO ENTRA EN ESCENA

En el caso concreto del trilero, éste fue denunciado en 2017 en el marco de una macro operación impulsada en s'Arenal contra esta actividad ilícita, y fue posteriormente reconvertido en testigo protegido en el caso Cursach. Tal fue su papel en la causa que, entre los beneficios que obtuvo, vio retirada la orden que se le impuso de abandonar Mallorca apenas unas horas después de inculpar mendazmente a diversos policías locales de Palma. El testigo 26 acabó erigiéndose en uno de los hombres clave sobre cuyas acusaciones se sustentó buena parte de las investigaciones.

En su informe, la Policía Nacional recoge los pormenores de los episodios protagonizados en la causa por el testigo 26 y relata cómo, desde el momento en el que el testigo irrumpió en el caso Cursach, iría "denunciando a los policías que el grupo organizado ahora investigado [en alusión a Penalva, Subirán y los policías que trabajaban mano a mano con ellos] le habría indicado de forma repetida que reconociese y cómo, en el momento necesario, será llamado nuevamente para que apoye, con un giro de 180 grados respecto a sus declaraciones previas, la versión de otro testigo protegido, el 29, y de los propios miembros del grupo organizado".

Para abordar el papel ejercido por el testigo 26, los investigadores se remontan al 12 de agosto de 2016. Fue el día en que varios miembros del clan de los Bustamante, entre quienes se encontraba el propio testigo y varios familiares, fueron denunciados, por primera vez bajo la consideración de grupo criminal, por dedicarse al juego del trile. La instrucción del caso acabó en manos del Juzgado de Instrucción número 12 -con Penalva como titular del mismo-, órgano que prohibió a los denunciados residir en Mallorca y aproximarse a la isla. Sin embargo, apenas unas semanas después el trilero incumplió la medida, por lo que fue detenido y puesto a disposición judicial.

"Se desconoce si fue directamente al Juzgado de Instrucción 12, pero lo cierto es que el juez Penalva debió de hablar con él, consiguiendo datos que reforzaban sus acusaciones en la causa Sancus [como se denominó la operación policial que dio inicio a las investigaciones en torno a la presunta trama de corrupción en la Policía Local]. El detenido quedó en libertad", destacan los funcionarios policiales.

Apenas dos días después compareció en dependencias judiciales por primera vez en el marco del caso Cursach. Aseguró hacerlo "de forma voluntaria", a pesar de que en el chat que mantenían abierto los antiguos investigadores de la causa se dirimió días antes sobre la condición en que querían que declarase e incluso uno de ellos manifestó que intentaría "convencerle para que declare oficialmente".

Durante su declaración acusó a varios agentes de la Policía Local de quedarse con el dinero procedente del trile y repartírselo -una práctica que aseguraba que se llevaba a cabo desde 2008- así como del proveniente de hurtos, robos y prostitución. Sobre ello, el informe es tajante: "Parece imposible que, si se trataba de una práctica habitual que se venía produciendo desde 2008 de forma continua contra trileros, rumanos y prostitutas, no fuera nunca denunciada ni descubierta por la Policía Nacional o por la Guardia Civil. (...) Tras tantos años y justo cuando el testigo ha sido detenido y se ha decretado en su contra una medida cautelar es cuando acude a denunciar".

LAS ACUSACIONES DEL TESTIGO 26 CONTRA CURSACH

Del mismo modo, al término de su declaración el testigo aseguró que había trabajado para Cursach, a quien acusaba de "infectar de drogas a trabajadores para que rindieran más en el trabajo". Una afirmación sobre la que los inspectores llaman la atención: "Resulta significativo cómo parece que viene a denunciar a los policías locales y es en su último párrafo donde acusa al grupo Cursach de unos hechos un tanto genéricos y vagos".

El mismo día de su comparecencia, subraya la Policía Nacional, el testigo logró como "moneda de cambio" la eliminación de la orden de residir fuera de Mallorca.

A partir de ese momento, el testigo protegido compareció en los Juzgados en varias ocasiones más para ampliar sus acusaciones contra los policías locales, a quienes, "de forma dirigida", señaló en fotografías que Penalva y Subirán le irían mostrando. "Se le indicaban nombres y número de carné para plasmarlo en la diligencia. Los datos son nuevamente genéricos y sin aportar de dónde procede su conocimiento como tampoco ningún otro testigo o prueba objetiva que lo avale", prosigue el informe.

Los investigadores hacen hincapié en cómo, tras varias declaraciones practicadas de forma similar, el "grupo criminal" procedió a la detención del director de Tito's, Jaime Lladó, del exjefe de camareros de la discoteca, Arturo Segade, y de otro extrabajador del local por pertenencia a grupo criminal, delitos contra la salud pública y contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la prostitución y agresión sexual.

El informe destaca cómo los investigadores policiales, en su atestado [instruido, junto a otro agente, por uno de los miembros de Blanqueo que en la actualidad se encuentran bajo el punto de mira de la justicia], "dan por buenas todas las acusaciones" vertidas hasta ese momento por otro testigo, el 29, cuyas afirmaciones querían reforzar "de urgencia" con las del 26 para robustecer sus tesis: "que policías locales accedían a zonas de Tito's reservadas donde consumían sustancias estupefacientes y prostitución, siendo los directivos de Tito's los responsables de suministrárselas. Todo ello a cambio de favores al Grupo Cursach".

El informe alude al papel desplegado en este episodio por Subirán: "estaría desesperado por localizar al testigo 26 y que éste, con su declaración, avalara al testigo 29 y, de paso, al propio fiscal y a la instrucción, que iba a quedar nuevamente en entredicho ante unas detenciones avaladas únicamente por el testigo 29". "El fiscal, visto que no tienen otra declaración para apoyar las tres detenciones, se pone fuera de sí para conseguir localizarlo", incide.

En esta misma línea, el documento hace especial hincapié en las declaraciones con contradicción a las que los antiguos investigadores del caso Cursach sometieron a los testigos 25 y 26 de la causa. Las primeras, en presencia de las defensas personadas en la causa y en la que "afloraron numerosas contradicciones" ante las preguntas de los abogados, y el resto -el 16 de agosto de 2017- por videoconferencia para evitar, según el informe, nuevas incoherencias y dificultar "un interrogatorio fluido por parte de los letrados".

Los abogados abandonan en bloque los Juzgados

El día previsto para las videoconferencias, los letrados se presentaron en sede judicial para asistir a las mismas. Sin embargo, desde el Juzgado se les indicó que debían esperar en el pasillo debido a problemas informáticos en la conexión. Tras más de una hora aguardando el momento de entrar, todos los abogados abandonaron en bloque las dependencias judiciales.

La Policía Nacional relata, en base a sus indagaciones, "lo realmente ocurrido" aquel día: "aparte de que pudiera existir algún problema puntual en el sistema por parte del Juzgado, los ahora investigados estarían preparando las declaraciones de los dos testigos", supuestamente "presionando" a la 25 y "recordando y mostrando" al 26 las fotografías de los policías locales que se le iban a exhibir en su comparecencia.

Los investigadores acompañan incluso su informe con un anexo en el que detallan todos los indicios de que el retraso, aseveran, nada habría tenido que ver con un problema técnico "sino con el tiempo que necesitaron los ahora investigados" para "dirigir" y "presionar" a los testigos.

Según recoge el informe, en la grabación de la comparecencia del testigo 26, Penalva llega a manifestar, "como si él fuera una persona más que pasara por allí", que con el abandono de las dependencias judiciales los abogados dejaron "en indefensión a sus clientes, pero eso es cosa suya". Y cómo, finalizadas ambas diligencias, el juez "no veló lo más mínimo por solventar" tal indefensión, hasta el punto de que el propio Subirán le diría en el chat del que formaban parte: “Si llega haber media docena de abogados, [el testigo 26] no hubiera reconocido a nadie”.

Desde el primer momento, se aprecia en la grabación cómo el juez o el fiscal piden a los policías de Blanqueo [ya que los testigos declaran por videoconferencia desde comisaría] que aleccionen a estos "sobre lo que tienen que decir y que repasen declaraciones y fotografías a reconocer", todo ello sin presencia letrada. Para más inri, al término de las videoconferencias los miembros del grupo pondrían de manifiesto que al día siguiente las declaraciones saldrían en prensa.

Sentimiento general

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Comentarios

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  • Joan - Marzo 16, 2021 a las 09:36
    Selo tienen merecido.....pasarán muchos años pleiteando.Responder 2
  • Pep - Marzo 16, 2021 a las 08:30
    Estos dos pájaros para dentro, por creerse los reyes de MallorcaResponder 3
  • Joker - Marzo 15, 2021 a las 16:39
    Ya veo su "cabeza disecada " al lado de sus victimas africanas.Responder 4
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