Dos acusados admiten haber defraudado pólizas de seguros a decenas de clientes en Mallorca

Dos de los acusados de quedarse con el dinero de las pólizas de seguros de 35 clientes de su correduría en Mallorca han admitido los hechos juzgados, este lunes, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, pero han insistido en que no decidían los pagos.

En el juicio de este lunes, tres empresarios han declarado sobre su implicación en los hechos en los que la Fiscalía sostiene que, a través de una correduría de comercio que llevaba funcionando muchos años, Broker Mallorca -posteriormente absorbida por Expert Mallorca SL-, dando así apariencia de seguridad y confianza, concertaron pólizas de seguros con 35 clientes sin liquidarlas a las aseguradoras, incorporando ese dinero a su propio patrimonio.

El primer acusado ha reconocido los hechos, que tuvieron lugar entre 2012 y 2014, porque formaba parte del consejo de administración de la empresa, pero ha indicado que ha devuelto las cantidades a los perjudicados. "Yo pensaba que se iban cumpliendo los plazos, pero al cabo de un año y pico me llegó a través de un cliente que no se estaban haciendo", ha explicado.

Aparte de reconocer "la imprudencia" de firmar un documento de esta empresa, "que fue una historia desgraciada", el acusado ha confesado que estos hechos le han supuesto "personalmente" la pérdida de más de dos millones de euros.

A continuación, el siguiente acusado ha admitido que era trabajador de la correduría y formaba parte del consejo de administración: "Supongo que por eso me acusan". El mismo ha subrayado que no decía "lo que se pagaba o no, y cuándo".

Al estar en el consejo de administración y pese a no tener "ni idea" de cómo funcionaba la correduría, el acusado ha afirmado que se sintió responsable de los hechos denunciados y por eso ha intentado liquidar la deuda con los perjudicados.

De hecho, el impago de estas pólizas provocó, según la Fiscalía, que los clientes se quedaran sin póliza a pesar de haberlas abonado correctamente. La Fiscalía pide cuatro años de prisión para cada uno de ellos, una multa de 3.600 euros e indemnizar a todos los clientes.

En definitiva, se les imputa un delito continuado de apropiación indebida con una agravante de aprovechamiento de la credibilidad empresarial. El juicio ha quedado visto para sentencia.