Delgado justifica el retraso de la investigación a Juan Carlos I por la "cooperación internacional"

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha calificado este miércoles de "histórica" la investigación que realiza el Ministerio Público al rey emérito y ha justificado el hecho de que tras nueve meses no se haya procedido a decidir o no su judicialización en los tiempos que exige la "cooperación internacional" sobre la que pivota la mayor parte de la investigación.

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, Delgado ha apuntado que "nunca hasta ahora en la historia de España se había hecho una investigación" como la realizada respecto de la actividad de Juan Carlos I "y la está haciendo la Fiscalía, con mucho rigor y con mucha profesionalidad, detenidamente".

Ha añadido frente a las críticas que "ni va lento, ni se ha dejado de investigar ni se está investigando por un motivo diferente a buscar la verdad y lo que ha ocurrido".

Así, ha explicado que se trata de "cooperación internacional pura y dura" y ésta es muy lenta, si bien "por primera vez se han producido dos regularizaciones que ahora hay que comprobar". Para ello, se cuenta con un equipo de fiscales "del más alto nivel dedicándose a este tema casi en exclusiva".

Respecto a las dos regularizaciones realizadas por el emérito ante Hacienda, por cantidades que superan los cinco millones de euros, ha apuntado que "algo bien debe estar haciendo la Fiscalía cuando afloran estas cantidades".

BARCENAS

Sobre el juicio que se desarrolla contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas por la denominada 'caja b' del PP, Delgado ha rechazado que sus confesiones le puedan suponer "de entrada", beneficios penitenciarios. "No, se le había hecho una propuesta de permiso de doce días y la fiscalía ha realizado un informe contrario a ello", ha apuntado.

En este punto ha defendido que "la autonomía de los fiscales es cierta, se mueven en interpretaciones y son los fiscales de la fiscalía Anticorrupción los que desde el minuto uno desarrollan esta causa".

"Las palabras y las declaraciones son importantes", ha reconocido Delgado, si bien ha subrayado que lo fundamental "toda la corroboración de esas palabras" a través de documentos periciales.

"Un juicio es la parte más bonita de la materia penal, cuando se prueban los hechos de verdad, con pruebas y declaraciones de los acusados, con las testificales periciales y documentales. Es grandioso porque no es la palabra de un fiscal, un letrado defensor ni un juez, es el conjunto de la prueba que se practique", ha explicado.

CATALUÑA

Preguntada si comparte que los líderes independentistas condenados en el juicio del 'procés' ingresen de nuevo en prisión, la fiscal general ha recordado que la postura de los fiscales en Cataluña, contrarios a la concesión del tercer grado, lo que hacen es "seguir las decisiones judiciales precisamente", siguiendo la estela de lo acordado por el propio Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre.

"Son resoluciones que marcan la pauta judicial, la aplicación de la norma y nos marcan el camino a seguir y tenemos que ajustarnos a la jurisprudencia, a las resoluciones del Supremo y en este caso ya tenemos ese precedente, además ha sido una resolución del juez de vigilancia penitenciario, que ha resuelto revocar ese tercer grado".

Tras explicar que el tercer grado supone "un avance de grado en la ejecución de la pena" ha señalado que esto requiere unos requisitos legales y también de interpretación jurisprudencial". En este punto, ha señalado que el derecho penitenciario tiene unas connotaciones diferentes al derecho penal, ya que debe adaptarse a cada uno de los sujetos, son decisiones individualizadas.

En cuanto a la maniobra del instructor de la causa, Pablo Llarena, al dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) después de que el Parlamento Europeo haya levantado la inmunidad de Carles Puigdemont y el resto de europarlamentarios huidos, Delgado ha reconocido que a veces pueden ocurrir "divergencias en la interpretación" de las normas europeas, y que el derecho de la UE tiene primacía sobre los derechos internos.

"Lo que ha hecho en este caso el juez Llarena es una cuestión prejudicial", ha explicado, y sus doce preguntas servirán al TJUE para "sentar esa interpretación, que vinculará a la autoridades belgas", que son las que tienen que ejecutar la citada OED.
"Esta es la grandeza del estado de derecho europeo", si bien no puede asegurar que por ello Puigdemont y el resto de reclamados se encuentran ahora más cerca de poder ser juzgados por la justicia española.

Preguntada de quien depende la Fiscalía, Delgado ha señalado que a veces se hacen afirmaciones que demuestran "un desconocimiento completo de cómo funciona la Institución". Así, ha explicado que el fiscal general es nombrado por el poder Ejecutivo "que sale de unas urnas" e implementa una política criminal, lo que no quiere decir que de órdenes a los fiscales, al tener estos autonomía y moverse en un marco de legalidad.

OBJECCIÓN DE CONCIENCIA DE FISCALES

"Los fiscales tenemos algo que no tienen otros países, que es una objeción de conciencia cuando pensamos los fiscales que nos han podido dar una instrucción o un orden ilegal", ha señalado, en alusión al artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. "Cuando se habla del principio de jerarquía esto quiere decir que la ley es igual para todos, que tiene que haber unidad de criterio para que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley".

Finalmente, preguntada por su entrevista con OK Diario celebrada en un piso particular, cuestionada desde algunos sectores, Delgado ha defendido que este encuentro obedece, al igual que otros que viene manteniendo con otros medios de comunicación "de todo el espectro ideológico", a su interés por dar a conocer "con transparencia" su gestión al frente de la fiscalía general. "He sufrido reputacionalmente, y de forma injusta", ha añadido.

"Somos desconocidos y hay mucha suspicacia, y también hay interés en que haya esta suspicacia por el juego político" ha manifestado, tras recordar que en Alemania los ministros de justicia pueden dar órdenes a los fiscales, y en Bélgica y Francia el ministro de Justicia es el fiscal general.

"Lo importante son los contrapesos", ha insistido, para señalar que todos los sistemas se pueden mejorar y que el español "quizá sólo requiera una mayor autonomía de la institución".