Cort deberá pagar los sueldos de los que privó a 17 policías suspendidos por el caso Cursach

Esther Ballesteros | 21/01/2021

El ex jefe de la Policía Local de Palma, Josep Palouzié i Vizcaya, y la ex regidora de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor.

Nuevo contratiempo para el Ayuntamiento de Palma a cuenta de las vicisitudes del caso Cursach. El Consistorio deberá hacer frente al pago de los salarios dejados de abonar a 17 policías locales a los que el anterior equipo de gobierno suspendió de empleo y sueldo tras su encausamiento a raíz de la presunta trama policial investigada en el marco del caso Cursach. En algunos casos, las cantidades ascienden a más de 140.000 euros.

Mediante un decreto del regidor de Hacienda, Innovación y Función Pública, el Consistorio ha computado como servicio activo el tiempo durante el cual los funcionarios policiales permanecieron apartados. Una decisión que afecta, en concreto, a varios oficiales, inspectores, subinspectores y agentes que, durante la pasada legislatura, fueron expedientados como consecuencia de su imputación en varias de las líneas de investigación del caso Cursach. Algunos de ellos ya han sido exonerados.

A juicio del presidente del Sindicato Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) en Baleares, Emilio Oyarzábal, la decisión adoptada por el Consistorio "demuestra que el equipo de gobierno anterior se excedió con creces y vulneró por completo la presunción de inocencia de los afectados".

"Hay gente que ha estado hasta cuatro años separada del cuerpo, cuando lo normal habría sido la apertura de un expediente administrativo, su suspensión durante seis meses y, tras ello, su reincorporación en el mismo puesto o en otro destino a expensas de la resolución judicial", comenta en declaraciones a Crónica Balear.

Oyarzábal subraya, además, que los expedientes no solo "perjudicaron de forma notoria" a los policías sino también, "sin ningún género de duda, al ciudadano". Al respecto, señala que los salarios dejados de percibir por los mandos y agentes deberán abonarse con cargo al erario público, a lo que se suma el hecho de que, "en un momento en el que carecíamos y carecemos de policías, una gran cantidad de gente que era imprescindible no ha podido prestar su servicio".

"El que realmente está pagando el pato es el ciudadano, víctima de un hecho que podría calificarse casi de prevaricación", incide el responsable sindical. Oyarzábal recuerda cómo desde el sindicato acudieron varias veces a los plenos del Ayuntamiento, con Angélica Pastor entonces como concejala de Seguridad Ciudadana, para advertir "de los excesos que se estaban produciendo y de que estaba vulnerando la presunción de inocencia".

"Sin embargo, se nos decía que éramos un sindicato que amparaba a los corruptos. ¿Ahora qué tienen que decir?", asevera el presidente de SPPME en las islas. Recrimina, finalmente, el coste "económico y personal" que los expedientes supusieron para Palma, donde "se han quedado muchísimos servicios sin ser cubiertos, y cuando teníamos tanta falta de personal mantuvieron separados a los compañeros. Además de ellos, la víctima real ha sido el ciudadano de Palma".

La de la suspensión de empleo y sueldo de Cort es una de las varias batallas que los policías locales mantienen abiertas contra el Consistorio. Al margen de esta medida, los agentes dejan las puertas abiertas a la reclamación de indemnizaciones y responsabilidades por las decisiones adoptadas en su día por la Administración municipal. Mientras tanto, el pasado mes de octubre, agentes y funcionarios municipales encausados y posteriormente exonerados denunciaron que el Consistorio había modificado “de forma unilateral” uno de los criterios establecidos en el acuerdo que regula sus condiciones laborales: el relativo al pago de las minutas de los abogados contratados por el personal del Ayuntamiento en caso de resultar imputado en un procedimiento judicial y ser finalmente absuelto.

Fuentes próximas al colectivo afectado recriminaron que, después de más de treinta años durante los cuales el Consistorio ha garantizado la asistencia jurídica de los agentes y, con ello, el abono directo de los honorarios de sus letrados, Cort decidió que "deben primero los agentes pagar a los abogados”, con la incertidumbre de desconocer cuándo se les transferirá lo ya abonado.

Cabe recordar que varios de los policías se encuentran a las puertas del banquillo, junto al empresario Bartolomé Cursach y su exnúmero dos, Bartolomé Sbert, por una supuesta trama de extorsiones y tratos de favor. La Fiscalía reclama más de cien años de prisión para un total de 24 acusados. Las defensas, por su parte, solicitan la nulidad del procedimiento judicial a tenor de las presuntas irregularidades destapadas por la Policía Nacional en torno a la instrucción del caso Cursach.

Sentimiento general

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Comentarios

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  • Pep - Enero 22, 2021 a las 10:29
    Huy huy como se entere la jetapol ya están saliendo a manifestarse!!! Vergüenza de funcionariado!!!!!!!Responder -1
  • Mutante - Enero 21, 2021 a las 23:09
    Vergonzoso, alguno de ellos son peores que lo peor de nuestras cárceles, y todo ese dinero sale de nuestros impuestosResponder -1
  • Paco Franco - Enero 21, 2021 a las 18:32
    Esto lo tendria que pagar la tipeja esa de la foto y luego al talego. Lo primero dificil pero lo segundoooo!!! voy al Cristo de la Sangre a poner un cirio. Disfruten de lo votado!!!Responder 12
  • Bartolo - Enero 21, 2021 a las 17:35
    Cortina de humo. Son mas culpables que el Dion!Responder -9
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