Caso Tándem: Piden imputar al presidente de Iberdrola

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa Tándem, Manuel García-Castellón, que cite en calidad de investigado al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, para que responda en sede judicial sobre su posible participación en el contrato de los servicios del comisario José Manuel Villarejo por la eléctrica.

Según adelantaba El Confidencial, el Ministerio Público también interesa la imputación del 'número dos' y consejero-director general de Negocios (Business CEO) de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles, del expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker, y del ex jefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo.

Esta solicitud, a la que ahora debe dar respuesta el magistrado, llega tras la celebración de la junta de accionistas del Iberdrola, y después de que se incorporara en mayo a la causa un nuevo informe de Asuntos Internos en el que se analizaban conversaciones mantenidas entre el comisario y el responsable de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo. En ellas el comisario se refería en diferentes momentos a "don Ignacio" o el "señorito" en el marco del proyecto 'Arrow', que versaba sobre los problemas que sufría Iberdrola para la construcción de una central térmica en Arcos de la Frontera (Cádiz).

En ese oficio policial, Asuntos Internos daba cuenta de hasta nueve archivos de audio desconocidos hasta ahora y en los que en conversaciones entre Asenjo --imputado en la causa-- y el comisario, éste le pedía que le abonaran más dinero por sus trabajos. Esos audios se hallaron en las entradas y registros de noviembre de 2017 si bien hasta ahora no se habían logrado extraer, y tienen relación con proyectos del comisario para la eléctrica en el periodo de 2004 a 2006.

COMISIÓN EJECUTIVA

El informe de Fiscalía llega además al poco de que la Comisión Ejecutiva delegada del consejo de administración de Iberdrola decidiera poner a los administradores y empleados de la compañía, incluido Galán, a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6, ante el que se tramitan las diligencias de la pieza 17 para declarar y ayudar en la finalización de la investigación.

Lo hizo por medio de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que la energética señalaba que el máximo órgano de la compañía, para "la mejor protección del interés social, sobre la base de la confirmación de las conclusiones alcanzadas en las investigaciones internas anteriormente referidas y en coherencia con su ánimo de remitir al Juzgado cualquier información relevante", adoptaba la decisión de poner a los administradores y empleados de la sociedad a disposición del Juzgado que investiga el caso.

De esta manera, pedía la comparecencia de la cúpula de la energética "en la medida en que lo considere necesario y tan pronto como sea posible", para proporcionar su testimonio y, de esta manera "facilitar la finalización de la investigación en curso".

LA DECLARACIÓN DE ASENJO ANTE EL JUEZ

La petición de imputación a Sánchez Galán, se produce además a pesar de que Asenjo declaró ante el juez de la Audiencia Nacional en febrero de 2020 que el presidente no tenía conocimiento de la contratación de los servicios de la empresa del comisario, según fuentes jurídicas presentes en su comparecencia consultadas.

Apuntó así que Sánchez Galán no tenía conocimiento de los contratos con el comisario dado que los acuerdos de seguridad, que en ese periodo alcanzaron la cifra de 170 millones en materia de seguridad para la compañía, no los llevaba el presidente sino el equipo dedicado a tal efecto.

Cabe recordar que el ex responsable de seguridad de Iberdrola está imputado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos a instancias de Fiscalía Anticorrupción en esta pieza por contratar con Villarejo presuntas labores de espionaje o intentos de desacreditar tanto a grupos ecologistas como a otras empresas como ACS, cuyo presidente, Florentino Pérez, se personó en la causa como perjudicado.

El juzgado abrió la pieza separada en octubre de 2019 a la luz tanto de la documentación intervenida al propio Villarejo tras su detención en 2017 como del material sobre su relación con Iberdrola que venían difundiendo medios digitales.

La auditoría interna encargada por la eléctrica determinó que se habían encargado 17 servicios de tipo ordinario y propios de la Dirección de Seguridad Corporativa entre los años 2004 y 2017 y que tanto en el proceso de contratación como en la posterior facturación se habían seguido todos los controles internos de Iberdrola.

EL INFORME DE DEL OLMO

Si bien Asenjo exoneraba a Galán en su declaración, otro de los exdirectivos imputados, José Antonio del Olmo, se reafirmaba en diciembre de 2020 en que el presidente de la energética conocía la contratación del Grupo Cenyt --propiedad del comisario Villarejo-- y el motivo por el que se requería sus servicios.

Del Olmo fue el autor de un supuesto informe interno en el que acusaba a la dirección de Iberdrola de ordenar espionajes y de usar facturas falsas. La compañía en diciembre de 2019 emprendió acciones penales contra él y señaló que no tenían "constancia alguna" en sus archivos de dicho informe.

Por este motivo, los abogados de la energética remitieron un escrito a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid en el que se solicitaba la apertura de diligencias contra Del Olmo, que fue en la compañía director de Funciones Corporativas dentro de la Dirección de Administración General y Corporación, por los delitos susceptibles de ser calificados "como falsedad documental, injurias y calumnias".

Asimismo, la empresa destacaba en su escrito que el autor del presunto documento parecía ser el único conocedor del mismo y que, ni en el momento de la presunta redacción --diciembre de 2004-- ni con posterioridad a los hechos, formuló la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes por las supuestas irregularidades que, presuntamente, él conocía.

Precisamente en noviembre de 2020 declaró el que fuera consejero director general de Iberdrola hasta 2014, José Luis San Pedro, y al ser preguntado por Del Olmo, dijo, según fuentes consultadas en aquella comparecencia, que ese informe interno pudo ser el movimiento que hizo Del Olmo para protegerse en la guerra abierta entre Antonio Asenjo, quien fuera responsable de Seguridad de la compañía, y Marcos Peña, su antecesor en la dirección de Seguridad durante la presidencia de Íñigo Oriol.