Un informe desgrana las argucias de Penalva, Subirán y un trilero para incriminar a policías locales

Esther Ballesteros | 08/07/2020

Un trilero denunciado en 2017 en el marco de una macro operación impulsada en s'Arenal contra esta actividad ilícita, y posteriormente reconvertido en testigo protegido, centra uno de los dos últimos informes entregados por la Policía Nacional en la causa que investiga las presuntas irregularidades cometidas durante la instrucción del caso Cursach.

Tal fue el papel desplegado por el testigo que, entre los beneficios que obtuvo, vio retirada la orden que se le impuso de abandonar Mallorca apenas unas horas después de incriminar falsamente a varios policías locales -a quienes en realidad no conocía- en una trama dirigida a favorecer al grupo Cursach a cambio de dinero, drogas y sexo. Es más, acabó erigiéndose en uno de los hombres clave sobre cuyas acusaciones se sustentó buena parte de las investigaciones.

La Policía Nacional recoge los pormenores de los episodios protagonizados en la causa por el más conocido como testigo 26. Lo hace en el informe número 7, recientemente incorporado al procedimiento judicial en el que el juez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y varios agentes de Blanqueo se encuentran encausados por, presuntamente, construir a la carta sus pesquisas en torno a Bartolomé Cursach y los policías que, según se afanaron en sostener, fueron comprados por el empresario mallorquín a cambio de favores.

Tal y como señala la Policía Nacional, desde el momento en el que el testigo irrumpió en el caso Cursach iría "denunciando a los policías que el grupo organizado ahora investigado [en alusión a Penalva, Subirán y los policías que trabajaban mano a manos con ellos] le habría indicado de forma repetida que reconociese y cómo, en el momento necesario, será llamado nuevamente para que apoye, con un giro de 180 grados respecto a sus
declaraciones previas, la versión de otro testigo protegido, el 29, y de los
propios miembros del grupo organizado".

Para abordar el papel ejercido por el testigo 26, los investigadores se remontan al 12 de agosto de 2016. Fue el día en que varios miembros del clan de los Bustamante, entre quienes se encontraba el propio testigo y varios familiares, fueron denunciados, por primera vez bajo la consideración de grupo criminal, por dedicarse al juego del trile. La instrucción del caso acabó en manos del Juzgado de Instrucción número 12 -con Penalva como titular del mismo-, órgano que prohibió a los denunciados residir en Mallorca y aproximarse a la isla. Sin embargo, apenas unas semanas después el trilero incumplió la medida, por lo que fue detenido y puesto a disposición judicial.

"Se desconoce si fue directamente al Juzgado de Instrucción 12, pero lo cierto es que el juez Penalva debió de hablar con él, consiguiendo datos que reforzaban sus acusaciones en la causa Sancus [como se denominó la operación policial que dio inicio a las investigaciones en torno a la presunta trama de corrupción en la Policía Local]. El detenido quedó en libertad", destacan los funcionarios policiales.

No sólo eso. Apenas dos días después compareció en dependencias judiciales por primera vez en el marco del caso Cursach. Aseguró hacerlo "de forma voluntaria", a pesar de que en el chat que mantenían abierto los antiguos investigadores de la causa se dirimió días antes sobre la condición en que querían que declarase e incluso uno de ellos manifestó que intentaría "convencerle para que declare oficialmente".

Durante su declaración acusó a varios agentes de la Policía Local de quedarse con el dinero procedente del trile y repartírselo -una práctica que aseguraba que se llevaba a cabo desde 2008- así como del proveniente de hurtos, robos y prostitución. Sobre ello, el informe es tajante: "parece imposible que, si se trataba de una práctica habitual que se venía produciendo desde 2008 de forma continua contra trileros, rumanos y prostitutas, no fuera nunca denunciada ni descubierta por la Policía Nacional o por la Guardia Civil. (...) Tras tantos años y justo cuando el testigo ha sido detenido y se ha decretado en su contra una medida cautelar es cuando acude a denunciar".

Del mismo modo, al término de su declaración el testigo aseguró que había trabajado para Cursach, a quien acusaba de "infectar de drogas a trabajadores para que rindieran más en el trabajo". Una afirmación sobre la que los inspectores llaman la atención: "resulta significativo cómo parece que viene a denunciar a los policías locales y es en su último párrafo donde acusa al grupo Cursach de unos hechos un tanto genéricos y vagos".

El mismo día de su comparecencia, subraya la Policía Nacional, el testigo logró como "moneda de cambio" la eliminación de la orden de residir fuera de Mallorca.

A partir de ese momento, el testigo protegido compareció en los Juzgados en varias ocasiones más para ampliar sus acusaciones contra los policías locales, a quienes, "de forma dirigida", señaló en fotografías que Penalva y Subirán le irían mostrando. "Se le indicaban nombres y número de carné para plasmarlo en la diligencia. Los datos son nuevamente genéricos y sin aportar de dónde procede su conocimiento como tampoco ningún otro testigo o prueba objetiva que lo avale", prosigue el informe.

Los investigadores hacen hincapié en cómo, tras cinco declaraciones practicadas de forma similar, el "grupo criminal" procedió a la detención del director de Tito's, Jaime Lladó, del exjefe de camareros de la discoteca, Arturo Segade, y de otro extrabajador del local por pertenencia a grupo criminal, delitos contra la salud pública y contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la prostitución y agresión sexual.

El informe destaca cómo los investigadores policiales, en su atestado [instruido, junto a otro agente, por uno de los miembros de Blanqueo que en la actualidad se encuentran bajo el punto de mira de la justicia], "dan por buenas todas las acusaciones" vertidas hasta ese momento por otro testigo, el 29, cuyas afirmaciones querían reforzar "de urgencia" con las del 26 para robustecer sus tesis: "que policías locales accedían a zonas de Tito's reservadas donde consumían sustancias estupefacientes y prostitución, siendo los directivos de Tito's los responsables de suministrárselas. Todo ello a cambio de favores al Grupo Cursach".

El informe alude al papel desplegado en este episodio por Subirán: "estaría desesperado por localizar al testigo 26 y que éste, con su declaración, avalara al testigo 29 y, de paso, al propio fiscal y a la instrucción, que iba a quedar nuevamente en entredicho ante unas detenciones avaladas únicamente por el testigo 29". "El fiscal, visto que no tienen otra declaración para apoyar las tres detenciones, se pone fuera de sí para conseguir localizarlo", incide.

En esta misma línea, el documento hace especial hincapié en las declaraciones con contradicción a las que los antiguos investigadores del caso Cursach sometieron a los testigos 25 y 26 de la causa. Las primeras, en presencia de las defensas personadas en la causa y en la que "afloraron numerosas contradicciones" ante las preguntas de los abogados, y el resto -el 16 de agosto de 2017- por videoconferencia para evitar, según el informe, nuevas incoherencias y dificultar "un interrogatorio fluido por parte de los letrados".

El día previsto para las videoconferencias, los letrados se presentaron en sede judicial para asistir a las mismas. Sin embargo, desde el Juzgado se les indicó que debían esperar en el pasillo debido a problemas informáticos en la conexión. Tras más de una hora aguardando el momento de entrar, todos los abogados abandonaron en bloque las dependencias judiciales.

La Policía Nacional relata, en base a sus indagaciones, "lo realmente ocurrido" aquel día: "aparte de que pudiera existir algún problema puntual en el sistema por parte del Juzgado, los ahora investigados estarían preparando las declaraciones de los dos testigos", supuestamente "presionando" a la 25 y "recordando y mostrando" al 26 las fotografías de los policías locales que se le iban a exhibir en su comparecencia.

Los investigadores acompañan incluso su informe con un anexo en el que detallan todos los indicios de que el retraso, aseveran, nada habría tenido que ver con un problema técnico "sino con el tiempo que necesitaron los ahora investigados" para "dirigir" y "presionar" a los testigos.

Según recoge el informe, en la grabación de la comparecencia del testigo 26, Penalva llega a manifestar, "como si él fuera una persona más que pasara por allí", que con el abandono de las dependencias judiciales los abogados dejaron "en indefensión a sus clientes, pero eso es cosa suya". Y cómo, finalizadas ambas diligencias, el juez "no veló lo más mínimo por solventar" tal indefensión, hasta el punto de que el propio Subirán le diría en el chat del que formaban parte: “si llega haber media docena de abogados, [el testigo 26] no hubiera reconocido a nadie”.

Desde el primer momento, se aprecia en la grabación cómo el juez o el fiscal piden a los policías de Blanqueo [ya que los testigos declaran por videoconferencia desde comisaría] que aleccionen a estos "sobre lo que tienen que decir y que repasen declaraciones y fotografías a reconocer", todo ello sin presencia letrada. Para más inri, al término de las videoconferencias los miembros del grupo pondrían de manifiesto que al día siguiente las declaraciones saldrían en prensa.

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