Piden anular la causa por el presunto amaño en las oposiciones de la Policía Local

Esther Ballesteros | 07/03/2020

Una de las defensas personadas en la causa centrada en el presunto amaño, en 2012, de las oposiciones a oficial de la Policía Local de Palma ha reclamado la nulidad del caso tras denunciar "gravísimas irregularidades" en la incorporación de determinadas declaraciones testificales a este procedimiento judicial.

Mediante un escrito al que ha tenido acceso Crónica Balear, el abogado de Gabriel Torres, exjefe de la Patrulla Verde, reclama el cotejo urgente de hasta trece interrogatorios llevados a cabo entre 2014 y 2016 en el marco del caso Cursach, causa matriz de la que se desgajaron las anteriores pesquisas. Precisamente, el primer instructor del caso, Manuel Penalva, y el fiscal Miguel Ángel Subirán, están siendo investigados a raíz de las supuestas irregularidades que cometieron al frente de estas investigaciones.

En sus alegatos, la defensa de Torres, ejercida por el abogado Daniel Rodríguez Rincón, asevera que las transcripciones de las anteriores declaraciones, una vez incorporadas a la causa relativa a las oposiciones, figuran "manipuladas convenientemente" con el objetivo de ocultar "las partes de las mismas que suponen una destrucción directa del núcleo de la acusación".

En las declaraciones -entre las que se encuentran la prestada el 8 de enero de 2016 por el exintendente de la Policía Local Antonio Vera así como las de los testigos protegidos número 16 (del 26 de febrero de 2016) y 23 (del 5 de abril de 2016)- se aprecian, entre otras alteraciones, numerosos espacios -e incluso páginas enteras- en blanco donde antes constaban determinados fragmentos que acabaron suprimidos.

El letrado de Torres recrimina que, mediante este procedimiento, las declaraciones quedaron adaptadas "a las acusaciones que se pretenden llevar a efecto contra los investigados" y dotadas "de la apariencia que la acusación, o quien fuera que hubiera manipulado las actas, le quiso dar".

Tras poner estos hechos en conocimiento del Juzgado, el abogado pide así que se proceda al cotejo de las declaraciones -antes y después de ser incorporadas al caso de las oposiciones- y se hagan constar las diferencias detectadas entre unas y otras.

Y solicita que, en el caso de que el letrado de la Administración de Justicia certifique "las gravísimas irregularidades que estamos denunciando", emita un certificado sobre el proceso de incorporación de las actas de una causa a otra "especificando qué personas concretas" participaron en el mismo.

No sólo eso. La defensa de Torres extiende su petición de cotejo al resto de procedimientos judiciales desde los cuales se hayan podido incorporar otros documentos "por si se hubieran producido más manipulaciones o irregularidades".

La causa, "una creación artificial"

En su escrito, el abogado incide en la "gravedad de los hechos denunciados", motivo que le lleva a solicitar la nulidad de todo lo instruido hasta la fecha al gravitar, añade, sobre la base de declaraciones "manipuladas" al antojo de los antiguos investigadores del caso. Finalmente, pide al Juzgado que inicie las investigaciones pertinentes para determinar la autoría de las irregularidades detectadas.

Concluye, en esta línea, que esta causa es "una creación artificial a la carta por quien quiera que se haya sentido tan intocable como para tener el poder de decidir introducir lo que le gusta de las declaraciones y desechar lo que no para crear la acusación que en determinado momento le apeteció".

El caso de las oposiciones de la Policía Local se encuentra, en estos momentos, en fase de calificación, en la que las acusaciones, de no solicitar el archivo de la causa, determinarán qué investigados deben ir a juicio y bajo qué peticiones de condena.

El pasado mes de diciembre, el juez Enrique Morell puso fin a la instrucción del caso mediante un auto que generó la indignación de numerosas defensas, e incluso de una de las acusaciones, al procesar y dejar a las puertas del banquillo a un total de 36 investigados apenas unos días después de asumir el procedimiento judicial.

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