El GOB denuncia el informe encargado por Alcúdia que abre la puerta a legalizar el uso hotelero del Botel de Alcudiamar

El GOB ha denunciado el informe encargado por el Ayuntamiento de Alcúdia que podría abrir la puerta a legalizar el uso hotelero del Botel de Alcudiamar.

Según han informado el GOB este viernes en una nota de prensa, la alcaldesa de Alcúdia ha encargado un informe externo, "ignorando los de los técnicos municipales", para dar el visto bueno a legalizar el uso turístico como hotel del Botel Alcudiamar, destinado teóricamente sólo a "alojamiento para tripulantes o navegantes" que amarran en el puerto deportivo. Asimismo, ha continuado, la resolución de alcaldía ampara una ampliación del Botel (obras realizadas --de unos 400 metros cuadrados--) "sin la preceptiva licencia".

Al respecto, ha recordado que el concejal delegado de urbanismo el 13 de septiembre del pasado año 2019 había denegado la licencia de legalización del Botel, de acuerdo con todos los informes técnicos y jurídicos, que eran desfavorables a la concesión de la licencia. Una decisión que Alcudiamar decidió recurrir.

Ahora, ha lamentado el GOB, la alcaldesa de Alcúdia, a través del decreto del 3 de noviembre de 2020, ha estimado en parte el recurso de Alcudiamar pese a contar con un informe totalmente desfavorable de los técnicos municipales y del Secretario del Ayuntamiento. Si bien, ha pedido un informe externo "a la carta" al abogado José Argüelles quien ha emitido un informe favorable a la concesión de la licencia de legalización.

Así pues, para los ecologistas del GOB, la estimación parcial del recurso significa una desautorización de los servicios técnicos y jurídicos municipales, así como también del Secretario, dado que se basa en un informe jurídico externo y supone el reconocimiento del uso hotelero sobre el puerto deportivo.

Con todo, ha concluido, este reconocimiento del uso hotelero del Botel Alcudiamar podría abrir --aunque desde el GOB no se considera legalmente factible-- la puerta a regularizar la ampliación del Botel al amparo de la disposición adicional cuarta de la Ley Turística de 2012, que considera no es de aplicación al caso.