Dura acometida de los fiscales de Madrid contra las últimas decisiones del magistrado que investiga a Penalva y Subirán

Esther Ballesteros | 01/08/2020

El juez Manuel Penalva (dech) y el fiscal Miguel Ángel Subirán (izq), a su llegada a la audiencia de Palma de Mallorca

Nueva acometida de los fiscales anticorrupción de Madrid contra las últimas decisiones del magistrado Carlos Gómez, quien investiga las irregularidades presuntamente cometidas por el juez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán al frente del caso Cursach.

Los fiscales Tomás Herranz y Fernando Bermejo, sumamente activos en la causa que pone el foco en las prácticas desplegadas por Penalva y Subirán, han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) la decisión de Gómez de no investigar el papel ejercido por el conocido como testigo protegido 26 y de apartar del caso el informe de la Policía Nacional que desgranaba sus argucias en connivencia con juez y exfiscal.

Se trata de un trilero a quien que, supuestamente, utilizaron ambos juristas para incriminar falsamente a varios policías locales de Palma -a quienes en realidad no conocía- en una trama dirigida a favorecer al grupo Cursach a cambio de dinero, drogas y sexo.

Después de que el magistrado apuntase a la inexistencia de indicios suficientes que determinaran que Penalva y Subirán conocían que el testigo mentía en sus acusaciones -desvinculando así las conductas de unos y otros- y remitiese el informe policial a un juzgado de instrucción, los representantes del Ministerio Público aseveran que "no es este el momento procesal oportuno para valorar la intencionalidad o el conocimiento de los acusados".

En su recurso, al que ha tenido acceso Crónica Balear, señalan que tal valoración la debe realizar el instructor una vez finalizada la investigación o, en último caso, al acordar la apertura de juicio oral. Y, con contundencia, subrayan que cualquier toma de postura anterior "resulta apriorística y contraria a la finalidad de todo proceso penal de averiguar la verdad, pues esta no puede llegar a conocerse sin una verdadera investigación".

En este contexto, los fiscales aluden a parte del informe de la Policía Nacional que desgrana las actuaciones del testigo 26 con la supuesta complicidad de Penalva y Subirán, entre ellas, su reunión con el exfiscal previa a una de sus declaraciones en el Juzgado o diversos mensajes de whatsapp en los que los antiguos investigadores del caso Cursach dirimen sobre la condición con la que quieren que comparezca el testigo o comentan cuál será el contenido de su declaración.

"En la página 4 del informe se relata que, efectivamente, la declaración de dos días después de ese testigo contiene datos coincidentes con lo que los investigados ponían en el chat dos días antes", incide la Fiscalía. Durante su comparecencia, el trilero incriminó a varios agentes de la Policía Local y aseguró que había trabajado para Cursach, a quien acusaba de “infectar de drogas a trabajadores para que rindieran más en el trabajo”.

Los fiscales recalcan que la "coincidencia" entre lo manifestado por whatsapp por los investigadores y lo declarado por el testigo "necesita aclaración", lo que únicamente puede producirse en el marco de la causa que investiga a los dos juristas por cuanto afecta a hechos que, ya antes de la aportación del informe, conformaban el objeto de este procedimiento judicial.

Y apunta, en esta línea, a los indicios de presunta actividad delictiva de los antiguos investigadores a la hora de utilizar al testigo para que reforzase las tesis incriminatorias que sostenían. Por ello, pide que el TSJIB cite al trilero en calidad de investigado para que esclarezca si recibió alguna indicación sobre lo que debía declarar y las circunstancias que rodearon tales hechos.

La Policía Nacional recoge en su informe -el número 7- los pormenores de los episodios protagonizados por el testigo 26 desde que irrumpió en el caso Cursach. Desde ese instante, señalan los funcionarios policiales, el testigo iría “denunciando a los policías que el grupo organizado ahora investigado [en alusión a Penalva, Subirán y los policías que trabajaban mano a mano con ellos] le habría indicado de forma repetida que reconociese".

El testigo protegido compareció en los Juzgados en varias ocasiones para ampliar sus acusaciones contra los policías locales, a quienes, “de forma dirigida“, señaló en fotografías que Penalva y Subirán le irían mostrando.

La decisión de enviar el informe a un juzgado de instrucción al no hallar conexión entre el papel del testigo 26 y las actuaciones de ambos juristas llevó no sólo a la Fiscalía sino también a varias acusaciones particulares a impugnar de inmediato la medida. Entre ellas, la ejercida por Bartolomé Sbert, exnúmero dos del empresario Bartolomé Cursach.

En su recurso, el abogado de Sbert, Antonio Martínez, asevera que los hechos que aborda el documento policial "quedan inexorablemente en el marco investigado" en la causa contra Penalva y Subirán. "Tampoco son nuevos hechos. Recuérdese que existen múltiples indicios (...) que apuntan a la utilización y manipulación de testigos para, con sus relatos falsos o contrarios a la realidad, poder dirigir acusaciones contra determinadas personas" y "enmendar el desmoronamiento de diligencias de prueba y tesis acusatorias".

Por su parte, otra de las acusaciones, la representada por dos de los afectados por las acusaciones de otro testigo, Daniel Corral -conocido hasta el momento como el testigo protegido 29-, subraya que el informe, "cuyos indicios sólidos sobre la comisión de delito de falso testimonio cometido por el testigo protegido número 26 son indiscutibles, establece un modo de actuación del testigo que debe ser observado desde el holismo".

"No puede delimitarse su actuación de forma autónoma y debe ser analizada desde el conjunto de actuaciones que pueden observarse reiteradas en esta
causa y cuyos máximos ejemplos son el testigo 29 y la testigo 31", apuntaba el letrado que actúa en nombre de esta última acusación, José Ignacio Herrero. A su juicio, la investigación aislada de las falsas incriminaciones del testigo 26 rompe con la unidad de todo lo investigado hasta el momento.

El abogado destaca, asimismo, cómo las declaraciones del trilero eran utilizadas a conveniencia por los antiguos investigadores, quienes, afirma, prestaron "ayudas" al testigo "ante posibles olvidos" y "viciaron su declaración en beneficio de la investigación, de la verdad pretendida, coja de prueba, otorgándole muletas de forma ilícita". Y añade: "Si (...) existen indicios sólidos de que el testigo 26 mintió, existen indicios sólidos del conocimiento de su falsedad por parte de los aquí investigados desde el momento en que su declaración es dirigida, pues todos ellos, en mayor o menor medida, son garantes de que los testigos digan la verdad".

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